La llamada Mesa del Agro -que integran asociaciones rurales y cámaras de aplicadores, entre otros- manifestó este miércoles su rechazo al nuevo borrador de la reglamentación de la Ley Integral de Plaguicidas. Otra vez pidió, directamente, la derogación de la norma aprobada hace cuatro años, pudo saber Diario Textual.
“Los cambios propuestos son un maquillaje…”, dijo un ruralista. Ya presentaron una nota a la comisión donde se está tratando de avanzar con la reglamentación.
La comisión ruralista la integran la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Crea, la Sociedad Rural Argentina, Coninagro, la Federación Agraria Argentina, la Asociación Argentina de Siembra Directa y la Cámara Empresaria Pampeana de Insumos Agropecuarios. Pese a que fue invitado, no participa el Colegio de Ingenieros Agrónomos de La Pampa.
La ley se aprobó en 2020. En los últimos meses, se empezó a reunir un consejo consultivo para tratar de acordar su reglamentación. En el último encuentro de ese consejo, representantes de asociaciones rurales y de empresas aplicadoras de fitosanitarios pegaron el portazo y pidieron, directamente, derogar la ley.
Poco después, el gobernador Sergio Ziliotto dijo que la Ley de Plaguicidas “está vigente y se está aplicando” en La Pampa y expresó que el objetivo del Gobierno es “que se produzca responsablemente”, por lo que se intentará avanzar en su reglamentación. “Como gobernador, lo que tengo que hacer es compatibilizar objetivos para sostener la producción, el ambiente y la salud. En este caso, los sectores del campo están defendiendo uno de esos objetivos, producir. En ese marco vamos a seguir trabajando para hacer la mejor reglamentación posible”, sostuvo.
Posteriormente, Ziliotto recibió a los representantes de la Mesa del Agro. “Conversamos con el gobernador y la ministra (Fernanda González) y quedaron en abordar puntos que cuestionábamos de la reglamentación. Pero en los últimos días recibimos el nuevo borrador y esos puntos no están contemplados”, contaron fuentes del ruralismo a Diario Textual.
Los ruralistas y los aplicadores, por lo pronto, no regresaron a sentarse a la mesa de la comisión. Pero recibieron, por correo electrónico, los nuevos cambios del borrador.
La ley establece, entre otros puntos, la prohibición de fumigación por aire a 3 mil metros de los pueblos y por tierra a 500 metros. También impone que se deberá contar con la autorización municipal para aplicaciones terrestres entre los 500 y los 3000 metros.
Los productores rurales y las cámaras de aplicadores pidieron derogar la norma porque, según sostuvieron, “perjudica” y “burocratiza” a la producción y “criminaliza” a los ruralistas.
En su momento, desde la Mesa del Agro se quejaron de la “poca o nula” participación que tuvieron cuando se elaboró la ley.
¿Cuáles son las inconsistencias que encuentran en el borrador de la reglamentación de la ley? Entre otros puntos, indicaron que si hay una inspección y el campo está cerrado o no hay nadie, podrán apercibir al productor rural.
También cuestionaron que le otorgan el poder de policía a las municipalidades. El tema, explicaron, es que cada municipalidad es autónoma y cada una tiene su forma de aplicación. Así, por ejemplo, un mismo aplicador tendrá normas diferentes si trabaja en el ejido de Quemú Quemú o de General Pico.
Además, hay sectores del ruralismo y de aplicadores que criticaron la obligatoriedad de todos los actores a inscribirse en registros, sobre los cuales se cobrarán tasas de inscripción; la necesidad de presentar recetas de compra para obtener productos, que deben ser archivadas por cinco años y que pueden ser consultados por las autoridades en cualquier momento; la obligatoriedad de contar con un asesor técnico, de declarar los productores que se adquieras fuera de la provincia, de georreferenciar todos los lotes previo a la aplicación; y de verificar todos los equipos de forma anual.
Otro punto llamativo es que, con esta normativa, ya no solo deberán entregarse en los Centros de Acopio Transitorio (CTA) los bidones de fitosanitarios, sino también el plástico o papel correspondiente a la etiqueta, la tapa del envase, el aluminio o material que se emplee para su sellado, y todo lo correspondiente a su embalaje. A eso se sumará que su almacenamiento temporal por parte del usuario o aplicador en el campo, antes de su envío al CAT, deberá ser obligatoriamente bajo techo.
(Noticia en Desarrollo)
