Integrantes de comunidades de pueblos rankulches y mapuches de La Pampa criticaron la derogación de la ley de emergencia territorial indígena 26.160, que suspendía los desalojos de todas las comunidades hasta que se completara el relevamiento de sus tierras.
Este martes se realizó una conferencia de prensa en el Centro Cultural Medasur, en la que representantes de comunidades de pueblos originarios, autoridades del Consejo Provincial Aborigen, representantes CPI y el Movimiento de Naciones y Pueblos originarios en lucha La Pampa, junto a representantes de diferentes sectores expresaron su repudio hacia la decisión que tomó el 10 de diciembre de derogar el DNU 805/21, del expresidente Alberto Fernández y que vencía en noviembre del 2025.
El secretario de Cultura de La Pampa, Pablo Lucero, destacó que este tipo de políticas de derogación, “atrasan en el tiempo” y “nos chocan porque siempre estamos en pos de conseguir mejores herramientas desde el Gobierno provincial para poder cumplir con todos los objetivos que tenemos para con las comunidades”.
“Las comunidades no son enemigas del pueblo argentino ni de la Nación Argentina y eso cualquier ciudadano lo tiene que saber. A medida que uno se suma a mesas de trabajo y reclamos, se da cuenta de que hay mucha desinformación y sesgo con respecto a las comunidades y es una tarea que nos compromete a todos con las mesas educativas y culturales de divulgar y poner esa información a todos los ciudadanos”, explicó el funcionario.
“Creo que nadie puede estar en contra de lo que las comunidades están reclamando en esa reparación histórica. Como representante del Gobierno provincial en esta mesa quiero manifestar que el Poder Ejecutivo de La Pampa está totalmente en contra de estas medidas tomadas por el Gobierno nacional y nos encontramos en la vereda de enfrente tratando de construir y estructurar siempre las políticas públicas de las comunidades para que se sostengan y sean justas y equitativas, en esa lucha estamos. Nos resta un encuentro de plenario el 23 para poner en la mesa los temas, jerarquizarlos y establecer prioridades sobre los temas a tratar de cara al año entrante”, concluyó.
“Este DNU extiende la prórroga de la ley 26.160 que nos protege y frena los desalojos a todas las comunidades del país y a su vez es la que exige que se realicen los relevamientos territoriales por parte del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Comprendemos con claridad que estas decisiones políticas no son hechas al azar, son parte de un programa de avasallamiento, destrucción y genocidio silencioso hacia nuestros pueblos”, dijeron las comunidades en un comunicado.
Y agregaron: “Basta solo con recordar que el 16 de abril se conmemoró los 145 años de la campaña al desierto, el genocidio más brutal que hemos vivido como pueblos preexistentes. También la posición en contra que mando a votar en Naciones Unidas por su ministro de Relaciones Exteriores, Gerardo Werthein, que deja a la Argentina sola frente a una ampliación en materia de los derechos indígenas del mundo, o como el reconocimiento del 12 de octubre como día de la raza y la constante reivindicación a los próceres de la oligarquía latifundista de generación del 80, como Julio Argentino Roca, Bartolomé Mitre, Domingo Sarmiento y Benjamín Victorica entre otros”.
“Por eso opta por llevar adelante este DNU 1083/24 que es el complemento del RIGI que le exigen los monopolios imperialistas -remarcaron- para saquear nuestros recursos tan preciados de nuestro país y nos queda claro en su argumentación cuando dice que la prolongación de la ley 26.160 genera inseguridad jurídica a quienes se autoperciben legítimos propietarios privados, verdaderos usurpadores de nuestros territorios que pretenden no deja nada aquí, solo desolación, daño ambiental, muerte, presos”.
Además, denunciaron que esto es una violación directa a la Constitución Nacional de 1994 en su art 75 inc.17 y al convenio 169 de la OIT que es supraconstitucional y de obligatorio cumplimiento.
“Queremos aprovechar este espacio para pedir a todos nuestros diputados y senadores nacionales que repudien y voten en contra de este DNU, a su vez a los diputados y diputadas provinciales, y a los diferentes concejos deliberantes de nuestra provincia que puedan expresar su repudio ya que este decreto le permite a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich avanzar con sus fuerzas represivas sobre nuestro territorio”, reclamaron.
Y concluyeron: “Por último, decir que nosotros los pueblos y naciones originarias, no fuimos, no somos, ni seremos enemigos del pueblo argentino como pretenden implantar aquellos que se disputan nuestro territorio. Por eso nos uniremos con todos los sectores que defiendan la Constitución Nacional y vamos a defender la integridad de nuestro país, hasta que se realice la reparación histórica que nos merecemos”.
