La ley Bases, DNU vigentes y vetos a leyes sostenidos por el Congreso, forman parte del primer año de gobierno del presidente Javier Milei y para el abogado y especialista en Derecho Público, Gustavo Arballo, el balance de este año de gestión, desde el punto de vista constitucional, se puede sintetizar como “el lado de la sombra del déficit 0”.
“En el Derecho hay una transformación que se pronuncia como desregular y libertad, pero que en la práctica se escribe como reducciones de derechos y el alejamiento o minimizaciones de prestaciones del Estado. Esto es el lado de la sombra del déficit 0 y esto es algo que el Gobierno pregonaba abiertamente desde su campaña”, explicó a Diario Textual.
“Entonces la imagen general es un derecho con menos derechos y eso funciona en algunos casos derogando leyes, no necesariamente por el Congreso sino por vía de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), en otros caso, también por DNU cambiando leyes o partes puntuales pero esenciales como sucede en el régimen laboral, en otros sin cambiar leyes pero si la reglamentación como en régimen de acceso a la Información Pública o a través de la gestión de lo que el propio Estado hace con empresas como Télam (agencia de noticias estatal) que no existe más”, resumió.
Pero también dijo que el presidente, en otros casos, no necesitó cambiar la superficie jurídica de alguna normativa: “Lo hizo a través del recorte de fondos o la no actualización del presupuesto, con el ejemplo de las Universidades, en medio de un contexto inflacionario. Todo esto conjuga en abandono de políticas públicas que pensábamos como eran políticas de Estado”.
Con relación al vínculo con las Provincias, frente al reclamo de gobernadores por incumplimientos de partidas que se acumulan en deudas millonarias, Arballo dijo: “Vemos un virtual disloque del sistema federal con un Gobierno nacional que salvo acuerdos puntuales, en general deserta o va retirando su asistencia en áreas de cooperación e infraestructura como la obra pública”.
“Ahora, en el ángulo jurídico, el vino es el mismo, pero lo que antes se servía en copitas ahora se sirve en damajuana, lo que quiero decir con esto es: hay un orden de magnitud nuevo pero con medios institucionales, algunos no virtuosos, preexistentes y que conocíamos de antes. El DNU, el poder reglamentario del Poder Ejecutivo, la cantidad de cosas que los sistemas presidencialistas permiten hacer por fuera del Congreso, el poder de veto que permite en la práctica sostener leyes con solo un tercio de una Cámara y esto maridado con una logística de acompañamiento político para lo cual se pagan precios, en esos casos estos precios son cambios en algunas leyes o medidas propuestas, alguien podría decir, bueno, el sistema funciona, el DNU o la ley Bases fueron mutando o perdiendo desde los proyectos iniciales a cambio de apoyos claves. En otros casos, acuerdos políticos explícitos y en otros casos no lo sabemos cuáles fueron los precios que se pagaron”, remarcó el abogado pampeano.
Para Arballo todas estas medidas fueron objeto de fuertes desafíos políticos, “pero no consiguieron cuajar en mayorías parlamentarias estables para poder revocar estas medidas y los desafíos jurídicos judiciales a medidas del Gobierno fueron muchos también pero de impacto acotado, de pronto una asociación de Veteranos de Guerra de Malvinas consigue la nulidad del capítulo de la ley de Tierras del DNU 70/2023. Pero se cuentan de un modo muy focal, a través del criterio bastante restringido de quien puede activar el control o conseguir el amparo quien esté puntualmente perjudicado”.
“Entonces ahí prevalece la tradicional permisividad del control en gobierno recién asumidos, lo que siempre fue un dato histórico, que se empalma con esa visión, también tradicional, que limita los remedios judiciales a las demandas puntuales. El Gobierno podría perder muchos juicios pero las políticas públicas generales no se ven afectadas. Esta regulación permisiva de los DNU que para caer tiene que tener y esas áreas problemáticas se alinean para demostrar que su capacidad de control es limitado”, agregó.
“En el mientras tanto, en el futuro próximo, tenemos una Corte que va a quedar con 3 de 5 miembros y las chances de que aparezcan nombramientos por decreto de dos integrantes. Ahí vamos a tener otro problema de constitucionalidad”, concluyó Gustavo Arballo, al referirse a la próxima jubilación del ministro de la Corte Suprema, Juan Carlos Maqueda.
