La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA) salió a cuestionar duramente el aumento de la tasa de seguridad e higiene en Santa Rosa, que desató un conflicto entre los estacioneros locales y la intendencia de Luciano di Nápoli.
El municipio, mediante la Resolución Nº 422 del 17 de mayo de 2024, decidió reemplazar el sistema de cálculo basado en un monto fijo según la superficie ocupada por un modelo de porcentaje variable determinado por las ventas facturadas. Este cambio ha disparado los costos para el sector. Según el comunicado, una estación de servicio promedio que antes pagaba aproximadamente $65.000 mensuales, ahora enfrenta un incremento desmedido que eleva la carga fiscal a más de $6.000.000 por mes en algunos casos.
Desde que el aumento se hizo efectivo en abril, todos menos uno de los grupos empresarios que están en la ciudad explotando estaciones de servicio, dejaron de pagar en protesta. Esto acumuló una deuda importante y el municipio ya avisó que no dará marcha atrás, además de que podría comenzar con las intimaciones.
El aumento radicó en la modificación en la forma de calcular la tasa que tienen que abonar: antes se hacía sobre la superficie ocupada y ahora es en base a los ingresos brutos, lo que disparó notablemente los montos.
En un comunicado difundido este viernes, CECHA expresó su “profunda preocupación” por la nueva ordenanza que provocó “un cambio alarmante en el cálculo” de la tasa de seguridad e higiene.
“Para ilustrar el impacto de esta medida, una estación de servicio tipo que anteriormente pagaba una suma fija que rondaba en los $65.000 pesos mensuales ahora enfrenta un aumento desmedido que convierte la tasa de inspección en seguridad e higiene, en una carga fiscal desproporcionada, similar a un impuesto bruto municipal, donde en algunos casos, supera los $6.000.000,00 de pesos mensuales”, dijeron desde la municipalidad.
“El ajuste -dijo- es insostenible, considerando que los márgenes netos de operación en el sector son exiguos y la nueva base imponible grava el total facturado (y no la ganancia) duplicando la alícuota en los casos de consignación”.
“Desde CECHA consideramos imprescindible racionalizar esta normativa, priorizando el sentido común y un enfoque equilibrado en las políticas públicas. El sector no puede soportar una presión tributaria tan desmedida sin poner en riesgo la continuidad de los negocios, las fuentes de trabajo vinculadas y, por ende, la estabilidad económica de la comunidad”, insistieron.
En ese marco, pidieron al intendente Di Nápoli que “revise con urgencia” esta disposición. “Nos ponemos a disposición para colaborar en la búsqueda de una solución justa y superadora, que contemple tanto la viabilidad del sector como los intereses de la comunidad económica de Santa Rosa”, finalizaron.
