La Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) abrió una investigación para dilucidar presuntas deficiencias en el abordaje de la situación de Antonella Villalba -la joven toayense que se quitó la vida el pasado 8 de diciembre en una casa que ocupaba en la vecina ciudad- que podrían constituir irregularidad o ilícito por parte de funcionarios provinciales. El organismo ya envió oficios con pedidos de informes a reparticiones de los ministerios de Salud, de Desarrollo Social y a la Defensoría de Niñez y Adolescencia.
La denuncia fue presentada el pasado 17 de diciembre por la Asamblea Autoconvocada, integrada por distintas organizaciones y colectivos. Los denunciantes reclamaron que se investigue la responsabilidad del Estado, municipal y provincial, ante la sospecha de que no le dieron ayuda y contención a Antonella, que terminó quitándose la vida.
En la presentación plantearon que en este caso hubo “incumplimiento de deberes de funcionarios, abandono de persona, vulneración de derechos, trato discriminatorio y desigual, criminalización y judicialización ante la falta de vivienda”.
La FIA inició una investigación a cargo de la fiscala adjunta, Gabriela Tebernero. Desde ese organismo explicaron a Diario Textual que no tienen competencia para investigar las responsabilidades de los funcionarios de la municipalidad de Toay, pero sí se mandaron oficios con pedidos de informe a distintos ministerios para determinar “qué sucedió y si hay o no responsabilidades“ de reparticiones provinciales.
Los apuntados en la denuncia fueron el intendente de Toay, Ariel Rojas; la directora de Acción Social de Toay, Andrea Arteaga; el defensor de Niños, Niñas y Adolescentes de La Pampa, Juan Pablo Meaca; el director de Niñez y Adolescencia de La Pampa, Rodrigo Lofvall; el ministro de Salud, Mario Kohan; y el subsecretario de Salud Mental y Adicciones, Martín Malgá.
La joven de 26 años murió ahorcada en una vivienda de la calle Urquiza al 300, en Toay. Tenía 26 años y dos niños de 3 y 5 años. En junio habían ocupado, junto a otra chica, dos casas dado que su estado de vulnerabilidad social no le permitía costearse un alquiler.
Desde la Asamblea Autoconvocada recordaron las notas que enviaron al intendente de Toay, Ariel Rojas, y al defensor de Niñas, Niños y Adolescentes, Juan Pablo Meacca, por la grave situación que atravesaba la joven fallecida con sus hijos.
“Creemos que hubo abandono de persona. Criminalizaron y estigmatizaron a Antonella poniéndole un patrullero durante meses en la puerta de la casa que habitaba y hostigándola para que la deje. Esta situación se podría haber evitado con acciones adecuadas del Estado”, explicaron los denunciantes.
La semana pasada habló del caso el intendente de Toay, Ariel Rojas. Dijo que “no hubo persecución ni hostigamiento” contra la joven. “Es un caso lamentable, nos duele muchísimo”, expresó el jefe comunal.
“Sabemos que hemos hecho todos los esfuerzos desde el primer día que tomamos conocimiento de esta situación, siempre tuvo el acompañamiento que se le pudo dar desde el Estado, trabajando en conjunto con organismos provinciales y con Defensoría de los Niños, Niñas y Adolescentes”, expresó.
“Si bien hubo una denuncia por una usurpación del Estado, nosotros también tenemos responsabilidades que cumplir y, por otro lado, tenemos un montón de vecinos y vecinas que aguardan la posibilidad de un techo como lo plantearon estas personas”, dijo.
Además de la investigación administrativa de la FIA, los fiscales Andrés Torino y Walter Martos, de la Fiscalía Temática de Delitos contra las Personas y de delitos que impliquen violencia familiar y de Género respectivamente, abrieron una investigación judicial sobre la muerte de Antonella, para dilucidar si hubo una posible instigación al suicidio. “Es una figura muy compleja, quizás desactualizada con el enfoque de violencia de género, pero debemos investigar en ese sentido”, expresaron los funcionarios judiciales.
