El borrador a la reglamentación a la Ley Integral de Plaguicidas está avanzando lentamente. En las últimas horas, Diario Textual pudo conocer los nuevos cambios que se están proponiendo a la norma. La intención, con estas modificaciones, es quitar burocracia en los trámites, pero siguen vigentes los principales puntos rectores de la ley: por ejemplo, la prohibición de fumigación por aire a 3 mil metros de los pueblos y por tierra a 500 metros. Las autoridades gubernamentales insisten con que la intención es que haya un equilibrio entre la producción y el ambiente. De todas maneras, no hay una definición y se pretende seguir dialogando con los diferentes actores.
La ley se aprobó en 2020. En 2024, se empezó a reunir un consejo consultivo para tratar de acordar su reglamentación. En uno de los últimos encuentros, representantes de asociaciones rurales y de empresas aplicadoras de fitosanitarios pegaron el portazo y se retiraron del consejo consultivo: pidieron, directamente, derogar la ley. Según sostuvieron, la ley “perjudica” y “burocratiza” a la producción y “criminaliza” a los ruralistas. “Los cambios propuestos (en la reglamentación) son un maquillaje…”, habían dicho en su momento. De todas maneras, últimamente ha habido acercamientos y reuniones informales para tratar de acordar. De hecho, en los próximos días podría avanzarse con más reuniones.
El consejo siguió funcionando sin los ruralistas y aplicadores, y ahora Diario Textual pudo conocer qué nuevos cambios se pusieron en el borrador de la reglamentación (aunque eventualmente podrían nuevamente cambiarse). Entre otros puntos, siempre según fuentes al tanto de la norma, se está intentando la “desburocratización” de los trámites. En ese marco, se eliminó lo relativo al pago de la tasa de inscripción de registros y de retribución de servicios y otras obligaciones a cargo de los actores, como por ejemplo la presentación de la declaración jurada anual del stock de productos plaguicidas por parte del usuario; la realización del traslado seguro de plaguicidas y la realización de un inventario de aplicaciones a cargo del aplicador terrestre o aéreo rural; la confección de la receta rural por parte del asesor técnico; y la necesidad de labrar y firmar el acta de cierre de cada aplicación por parte del asesor técnico de la empresa aplicadora.
Además, se agregó la figura de los “recolectores itinerantes”, es decir, las empresas que pueden recolectar envases vacíos de plaguicidas.
También, con respecto a las obligaciones de los transportistas de envases vacíos, se eliminó la obligación de la confección de un remito con el detalle de la carga. Incluso eliminaron el listado de usos prohibidos del material recuperado.
Por último, se agregó la previsión de que en aquellos municipios que no cuenten con delimitación de las áreas urbana y rural, la distancia de los límites de prohibición se contará a partir de la última línea de edificación consolidada o en vías de consolidación (deben considerarse los usos residenciales, reservas y áreas de esparcimiento no contempladas dentro del área urbana).
Los 6 puntos de la Mesa del Agro
En su momento, la llamada Mesa del Agro había reclamado estos seis puntos:
1- Distancias excesivas de exclusión y amortiguamiento sobre zonas urbanas, cursos de agua y cuerpo de agua haciendo improductiva enorme superficie de la provincia.
2- Poder de policía elevado de las autoridades de aplicación.
3- Alta carga burocrática de todos los permisos y autorizaciones para poder realizar una aplicación.
4- Un sistema de trazabilidad provincial innecesario, en la cual hay una ley nacional que la provincia puede adherir.
5- Una receta de compra que solo generará inconvenientes en el libre comercio.
6- Incorporación de las BPA para determinar condiciones de aplicación y distancias.
La llamada Mesa del Agro la integran la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Crea, la Sociedad Rural Argentina, Coninagro, la Federación Agraria Argentina, la Asociación Argentina de Siembra Directa y la Cámara Empresaria Pampeana de Insumos Agropecuarios (pese a que fue invitado, no participa el Colegio de Ingenieros Agrónomos de La Pampa).
Los integrantes de la Mesa del Agro no hicieron aportes: solo pidieron derogar la ley, dijeron a Diario Textual fuentes al tanto de las negociaciones.
En tanto, hubo otros sectores que metieron la cuchara en el borrador de la reglamentación: el Colegio de Ingenieros Agrónomos de La Pampa, la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.
Qué dice la ley
La ley busca controlar el uso de agroquímicos en toda la provincia, fundamentalmente en el área periurbana.
Establece, entre otros puntos, la prohibición de fumigación por aire a 3 mil metros de los pueblos y por tierra a 500 metros. También impone que se deberá contar con la autorización municipal para aplicaciones terrestres entre los 500 y los 3000 metros.
En su momento, la distancia de la veda de pulverización fue uno de los puntos que más cuestionaron desde los bloques legislativos opositores: pidieron acortar esos metros, a tono con el reclamo de las asociaciones de productores agropecuarios.