El Gobierno nacional finalmente reconoció la deuda con la Caja de Jubilaciones de Córdoba y acordó con el Gobierno de Martín Llaryora un esquema de pagos mensuales de $5 mil millones durante los próximos 12 meses, a cuenta del monto final que se determinará tras un proceso de auditoría cruzada. El monto es de solo un cuarto se la deuda que reclama.
El entendimiento se alcanzó en el marco de una audiencia de conciliación convocada por la Corte Suprema de Justicia. Según se definió, durante este período se revisarán los registros entre 2019 y 2024 para establecer con precisión el total adeudado por la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) al sistema previsional cordobés. La Corte fijó una nueva audiencia de seguimiento para dentro de seis meses.
Luego de la segunda audiencia, Anses aceptó otorgar un adelanto de 60.000 millones de pesos, pagadero en 12 cuotas y a cuenta del 2025. En diciembre habrá otra audiencia para consolidar la deuda acumulada desde 2019 a 2024 y establecer un sistema de pago.
Esos 60 mil millones son, en rigor, un cuarto de la deuda que reclama Córdoba. “Lo principal es el reconocimiento de la deuda y de la situación anómala que se produjo desde 2019 hasta ahora, porque hace casi un año y medio que no recibimos un peso, pero hace seis años que no se actualizan los montos”, dijo Llaryora, que no paraba de recibir consultas de otros gobernadores. Son 13 las cajas provinciales a las que Anses les cortó los envíos y Córdoba fue la primera en avanzar en la vía judicial.
Estuvimos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación con un objetivo claro y firme: defender los intereses de #Córdoba, de su gente y, en especial, de nuestros #jubilados.
En el marco de la audiencia de conciliación convocada por el máximo tribunal del país, logramos un avance… pic.twitter.com/qpgiXBxvzO— Martín Llaryora (@MartinLlaryora) May 14, 2025
El caso de La Pampa
La Pampa es otra de las provincias que reclama ante la Corte por los fondos previsionales: hasta fin del año pasado, se calculaba la deuda en unos 100 mil millones de pesos. ¿Podría la administración de Sergio Ziliotto aceptar un esquema similar de pago, por una fracción de la deuda, como hizo Córdoba? En los pasillos de Casa de Gobierno, si bien abiertos al diálogo, ponen seriamente en duda que Ziliotto acepte esas condiciones. No consideran que sea un buen acuerdo repetir el esquema que aceptó Llaryora.
Auditorías
Córdoba y Nación también acordaron continuar en la órbita de la Corte Suprema de Justicia y habrá una audiencia de seguimiento del acuerdo dentro de seis meses. “En conjunto con Nación, acordamos continuar con un trabajo técnico que nos permita a través de auditorías cruzadas determinar con precisión el monto exacto de la deuda con el sistema previsional cordobés y así comenzar a aliviar la situación financiera de la Caja”, señaló Llaryora.
“He instruido al ministro de Economía y Gestión Pública para que los recursos que lleguen regularmente –originalmente destinados a cubrir el déficit generado por la falta de transferencias nacionales–, al menos en parte, se orienten prioritariamente a mejorar los ingresos de nuestros jubilados de menores recursos bajo un esquema de distribución que será definido”, escribió el gobernador en X.
El caso de las 13 provincias
En 1992, cuando se definió la privatización del sistema jubilatorio, las provincias aceptaron resignar el 15% de sus recursos coparticipables para financiar el déficit de Anses y un año después 11 provincias aceptaron transferir sus sistemas previsionales a Nación.
Hubo 13 provincias que no aceptaron la transferencia: además de La Pampa, se sumaron a la negativa Formosa, Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Corrientes.
Para poner en pie de igualdad a todos los distritos del país, Nación acordó en 1999 (con el Compromiso Federal) financiar el déficit de las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales, a cambio de disminuir el gasto público en sus respectivas jurisdicciones y a la creación de un fondo anticíclico, financiado con recursos coparticipables.
Esta normativa general fue complementada con convenios particulares entre cada provincia y la Anses.
Qué años Nación debe a La Pampa
La deuda registrada entre 2009 y 2014, por el que en su momento el Gobierno de Carlos Verna fue a la Corte y ganó, ya fue saldada por la administración de Alberto Fernández. Además, mediante gestiones administrativas, hasta el año pasado se recibió lo correspondiente a los años 2017 a 2020 y a los anticipos que marca la normativa, hasta 2023.
Actualmente se deben las sumas correspondientes a la diferencia en más de lo que resulta de las actualizaciones correspondientes al déficit previsional del período 2020 (deducido lo ya percibido como capital histórico) conforme el Índice Sipa (Índice de Movilidad Jubilatoria del Sistema Integrado Previsional Argentino); los déficits de los años 2021 y 2022 -períodos de los que aún no realizaron las correspondientes simulaciones-; la actualización de los adelantos recibidos del 2023; y los períodos de 2024 y 2025.
A ello se suman los déficits de 2020, 2021, 2022 y 2023. En rigor, del año 2020 solo se reclama la actualización: es que el anterior Gobierno nacional efectivizó el pago de ese período. Del resto de los años se reclama el déficit actualizado, descontando los anticipos recibidos.
