Juan Pazo, titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), informó que en las “próximas semanas”, se enviará al Congreso el proyecto para sacar “los dólares del colchón”.
“Estaremos presentando un proyecto al Congreso para cambiar la ley penal tributaria, para aumentar los umbrales y para reducir los plazos de prescripción. Es el único país del mundo que, por menos de US$15 mil, tenés evasión penal tributaria y podés ir preso”, indicó.
En diálogo con TN, el titular de ARCA destacó que, con esta medida, los argentinos “pueden utilizar sus ahorros con libertad”.
“Lo que se hizo en las últimas décadas deterioró la economía argentina. Estamos dándole una oportunidad a los ciudadanos a apelar a su buena fe. No podemos presumir que todos son evasores y delincuentes. Ese es un cambio de paradigma y de concepto”, defendió.
“Hay que darle privacidad a la gente. Te pueden pedir la identificación para entender y validar tu tarjeta de crédito, pero no para perseguirte. Era una locura”, dijo, ahora que se derogó la norma que le informaba al ARCA cualquier consumo personal en una tarjeta de débito, crédito o billetera virtual.
“Si esto tiene éxito en remonetizar la economía, los principales beneficiados vamos a ser quienes pagamos impuestos. Éste el primer gobierno que tiene un presidente que tiene claro que a medida que se consolide el superávit fiscal, se van a seguir bajando impuestos”, dijo.
El Poder Ejecutivo anunció el jueves de la semana pasada un nuevo esquema de medidas económicas en dos fases: una inmediata, instrumentada por decreto, y otra que requerirá la aprobación legislativa.
El paquete incluye la creación de un régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias para personas físicas, que reemplaza el sistema anterior. Este se basa en la facturación y en gastos deducibles, sin requerir la declaración de consumos personales ni de variaciones patrimoniales.
A partir del 1° de junio, los contribuyentes podrán optar por adherirse. El nuevo formato contempla una propuesta automática del monto a pagar, que el ciudadano podrá aceptar o modificar. La implementación se aplicará a partir del ejercicio fiscal 2025, con vencimiento en mayo de 2026. Busca reducir la carga administrativa sobre los pequeños contribuyentes, eliminando la obligación de completar formularios complejos y automatizando la carga de datos.
Dos iniciativas quedaron pendientes para la segunda fase. Una una está relacionada con nuevas regulaciones de la Unidad de Información Financiera (UIF) en materia de prevención de lavado de activos. La otra contempla cambios en la Ley Penal Tributaria y en la Ley de Procedimientos Tributarios.
Estas reformas pretenden otorgar garantías legales a quienes se incorporen al nuevo régimen, elevando el umbral a partir del cual se considera configurada la evasión fiscal. El monto, fijado en $1,5 millones desde 2017, se actualizaría a una cifra cercana a $100 millones, ajustado por inflación.
