Los concejales de la UCR Romina Paci, Diego Camargo y Luján Mazzucco denunciaron penalmente al intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, por abuso de autoridad y solicitaron en Fiscalía que se investigue su responsabilidad al entregar la concesión de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) e implementar el sistema de fotomultas sin pasar por el concejo deliberante.
“Decidimos hacer esta denuncia después de haber agotado todas las instancias legales y políticas que teníamos a disposición para frenar el atropello del intendente. Presentamos proyectos en el Concejo, juntamos firmas, exigimos una audiencia pública, recurrimos a organismos provinciales, hicimos reclamos administrativos y demandas judiciales. Intentamos, por todos los medios institucionales, corregir un rumbo que viene siendo cada vez más autoritario y cerrado. Nada funcionó. Nos encontramos con un oficialismo que ignora y encubre. Y, como si eso no alcanzara, nos topamos con un Superior Tribunal de Justicia que, frente al escándalo de la RTO, decidió hacer ‘la vista gorda’”, plantearon.
“Los hechos que denunciamos no son aislados ni casuales; responden a un patrón de conducta: di Nápoli gobierna por resolución, desconociendo al concejo deliberante como poder del Estado y desconociendo, en consecuencia, la representación de los vecinos”, ampliaron.
“Con la RTO -continuaron- adjudicó el servicio a Técnica Sur mediante resolución, sin la ordenanza previa que exige la ley. En el caso de las fotomultas, modificó el Código de Faltas por su cuenta para poder aplicar multas y notificarlas por correo electrónico. Se atribuyó funciones que no le corresponden, usurpando facultades exclusivas del concejo deliberante”.
“El mensaje es claro: Di Nápoli no respeta las instituciones ni la división de poderes. Hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere, actúa por fuera de la ley y vacía de contenido al Concejo Deliberante, asumiendo atribuciones que no le corresponden”, agregaron en la denuncia.
“Esto no se trata de un tecnicismo ni de una diferencia de interpretación: es un abuso de poder que afecta directamente a todos los santarroseños y debilita el funcionamiento democrático del Municipio. Por eso hicimos esta denuncia, porque cuando un intendente gobierna como si fuera el dueño del Estado, arrasando con las normas y pisoteando al Concejo, hay que ponerle un freno. Esperamos que la Justicia actúe con independencia y esté a la altura del momento. Si la impunidad se impone, se estará habilitando un modelo de poder sin control y sin límites, donde todo vale. Nosotros no lo vamos a permitir”, culminaron.
Los concejales y concejalas de la UCR, de Santa Rosa, presentaron la semana pasada un recurso extraordinario federal para intentar que la Corte Suprema de Justicia la Nación revise el fallo que les cerró las puertas a demandar a la municipalidad capitalina por presunta inconstitucionalidad de la implementación de la Revisión Técnico Obligatoria (RTO). La presentación la hicieron ante el Superior Tribunal de Justicia de La Pampa, que -se descuenta- rechazará el recurso. De todas maneras, todavía podrían ir en queja ante la Corte.
Hace unos diez días, el STJ estableció que los concejales no tienen “legitimación activa” para reclamar que se declare la inconstitucionalidad de la RTO, vigente en Santa Rosa desde octubre pasado. De esa manera, el organismo judicial de la provincia no analizó la cuestión de fondo, es decir, si es o no inconstitucional, sino que bajó a los concejales de la demanda.
En caso de que finalmente la apelación llegue a la Corte -ya sea por autorización del STJ o por queja-, aún quedará un larguísimo camino: la Corte, si es que acepta el caso y se sienta a analizarlo, deberá determinar si los concejales pueden hacer la demanda. Si eventualmente les da la derecha, el expediente volverá a primera instancia de un juez o jueza de La Pampa. Recién ese juzgado comenzará a analizar si la intendencia de Luciano di Nápoli implementó en forma inconstitucional a la RTO. Para eso, pasarán varios años.
El año pasado, los concejales del PRO y la UCR de Santa Rosa presentaron una demanda contra la implementación de la RTO y pidieron que, mientras se avanza con la causa, se suspendiera la medida. Plantearon la inconstitucionalidad de la ordenanza 6977/2023 que tornó exigible la RTO invadiendo competencias provinciales.
El STJ, poco después, rechazó la suspensión. Y ya el pasado 7 de mayo, tal como informó Diario Textual, el STJ directamente rechazó la demanda presentada por los concejales Nancy Castañiera, Diego Camargo, Luján Mazzuco, Romina Paci, Fernanda Oddi y Marcelo Guerrero por “falta de legitimación activa”, es decir, que quien presenta la demanda en juicio no es aquella a quien la ley habilita para obtener un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión planteada.
¿Qué significa la falta de legitimidad activa que argumentó el STJ en su fallo? Que la procedencia de una acción declarativa de inconstitucionalidad requiere que la parte demandante acredite un interés particular y directo. Este requisito es fundamental, ya que no cualquier interés confiere legitimación para accionar. El interés particular y directo se configura cuando la aplicación de la ley, decreto, ordenanza o reglamento impugnado vulneraría, de manera inevitable, un derecho constitucional del demandante.
Los ediles entienden que con este fallo el STJ se “desentendió del tema”, argumentando que no tienen legitimación activa para accionar en defensa de los vecinos, y que sólo pueden velar por los intereses de la comunidad en el marco del concejo deliberante.
“Según el fallo, los concejales no podríamos actuar judicialmente para proteger a los vecinos por no tener un “interés personal y directo” en el caso, ni para preservar la división de poderes. Así, el STJ concluye que no existe un conflicto de derechos real y concreto que deba resolver. Por lo tanto, el rechazo de la demanda no significa que la RTO municipal sea válida, ni que tenga alcance nacional, ni contradice los fundamentos jurídicos planteados por los concejales de la UCR y el Pro”, sostuvieron.
“En definitiva -agregaron-, el STJ se lavó las manos y eligió no involucrarse en la discusión. Y aunque evitó darle la razón al intendente di Nápoli, le brindó protección para avanzar con una RTO ilegal y puramente recaudatoria”.
