Luego de negociaciones trabadas y los clásicos reproches entre la Casa Rosada y los gobernadores, una amplia mayoría opositora -peronistas, radicales, macristas y otros provinciales, muchos de los últimos, usuales aliados de La Libertad Avanza- presentaron esta noche dos proyectos de ley para fondear la castigada coparticipación hacia los distritos que retiene ilegalmente el Ejecutivo. Entre los legisladores firmantes de la iniciativa, que fue fogoneada e impulsada por el gobernador Sergio Ziliotto, está su mano derecha en el Senado, Daniel Bensusán.
Entre los principales reclamos de las provincias figuran el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y una distribución equitativa de lo recaudado por el impuesto a los combustibles.
El portal Infobae publicó que, para tener dimensión de la potencial mayoría de votos -lógico, ya que todos los gobernadores y el jefe de la Ciudad de Buenos Aires dieron aval a las flamantes iniciativas-, los textos fueron firmados por los jefes del kirchnerismo, José Mayans (Formosa); del radicalismo, el hasta hace dos minutos amigo del Gobierno Eduardo Vischi (Corrientes); del macrismo, Alfredo De Ángeli, e incluso desde la bancada aliada a los libertarios Provincias Unidas, como el caso del correntino Carlos Espínola, entre otros.
La primera iniciativa incorpora a la norma 11.672 -es la ley permanente de Presupuesto- incorpora un artículo para que los “recursos que correspondieren distribuir al régimen al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias” en “forma diaria y automática”, y todo lo que involucre a este ítem será “considerado a cualquier efecto” como integrante “de la masa de fondos coparticipable”.
“Son recursos con asignación específica que administra el Gobierno nacional pero que no son propios. Ante ello surge indubitablemente que el cambio normativo propuesto no afecta las finanzas públicas nacionales”, argumentaron todos los senadores firmantes. Es decir, la Casa Rosada no podrá acusarlos aquí de intentos de quiebre del déficit fiscal, ya que hablamos de masas de dinero vigentes y disponibles en la actualidad.
“La propuesta de automaticidad de su distribución busca garantizar el abordaje inmediato de esta situación de la evidente estrechez financiera. La norma a sancionar establece la modalidad de distribución del Fondo ATN que en la actualidad prácticamente no se ejecuta”, agregaron en sus fundamentos.
El segundo proyecto elimina los fideicomisos de Infraestructura Hídrica; de Infraestructura de Transporte; y Sistema Vial Integrado; y los fondos Compensador del Transporte; Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior; y Nacional de la Vivienda. En el mismo artículo se aclara que los recursos en cuestión, excepto los previstos en el impuesto a los Combustibles Líquidos “serán distribuidos de conformidad” con artículos de la ley 23.548, de Coparticipación Federal.
Seguido a ello, se sustituye parte de la ley 23.966 -la del tributo a combustibles- para girar lo producido al Tesoro Nacional (14,29%), Provincias (57,02%), y Sistema Único de Seguridad Social, para ser destinado a la atención de las obligaciones previsionales nacionales (28,69%). Luego se detalla cómo será el reparto de lo que corresponde a los distritos de manera específica.
“Proyecta la transferencia directa y automática de recursos que financian responsabilidades y funciones que han sido asumidas por las administraciones provinciales, en casos en forma compartida con los municipios de sus jurisdicciones”, justificaron los senadores en esta iniciativa.
“Son recursos -agregaron- que administra el Gobierno Nacional pero que no son propios. Ante ello surge indubitablemente que el cambio normativo propuesto no afecta las finanzas públicas nacionales. Menos aún impacta en otros destinos específicos que hoy prevé esta normativa, como es el que recibe la Administración Nacional de Seguridad Social a través de la distribución de los recursos que genera el Impuesto a los Combustibles Líquidos”.
Para amortiguar la segura respuesta de la Casa Rosada, quienes rubricaron el texto señalaron, en cuanto al adiós a fondos fiduciarios, que la propuesta “va en línea con la disposición del Poder Ejecutivo de eliminar los entes que operan por fuera del presupuesto general de la Nación y del Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF), dificultando su seguimiento y control, y en el marco del proceso de Reforma del Estado y Reorganización Administrativa, y en vista” de un artículo de la “Ley Bases y puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”.
Ayer fracasó la reunión entre el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman, y los ministros de Economía de 17 provincias, entre ellos el pampeano Guido Bisterfeld: el Gobierno nacional no presentó una contrapropuesta a los reclamos de las provincias, lo que aceleró la tensión política y llevó a los gobernadores a reactivar su propio paquete de leyes para garantizar los fondos que -sostienen- la Casa Rosada les retiene por fuera de las normas y la legislación vigente.
