A través del decreto 462/2025 publicado hoy en el Boletín Oficial el Gobierno oficializó los cambios sobre entes nacionales que abarca desde disoluciones hasta transformaciones, como el caso del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). También se disolvió la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal.
Dentro de los cambios ejecutados, el INTI deja de tener estatus de organismo descentralizado y pasará a funcionar bajo la estructura de dependencias de la Secretaría de Industria y Comercio, como una “unidad organizativa dependiente”.
Esta modificación responde a un relevamiento oficial que atribuye a la estructura previa altos grados de superposición jerárquica, presencia de áreas administrativas sobredimensionadas y desconexión entre funciones estratégicas y necesidades del sector industrial, según el texto.
El mismo cambio de estatus se aplicó para el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), que se ubicará dentro de la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. A pesar de perder autonomía, conservará su denominación para preservar su identidad y reconocimiento internacional, manteniendo potestades sobre certificación de productos y control técnico, aunque ahora concentrando su fiscalización sobre el tramo final de la cadena productiva y habilitando que funciones de certificación puedan ser delegadas en entidades públicas o privadas.
INTA
Asimismo, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) se transformarán en organismos desconcentrados, respetando sus funciones esenciales.
En el primer caso, la modificación apunta a mejorar la coordinación con otras áreas de la administración y dotarlo de mayor flexibilidad, manteniendo sus funciones esenciales de investigación, asistencia técnica y articulación territorial. Por su parte, el INPI se reorganiza como organismo desconcentrado, continuando con sus funciones básicas ligadas al registro, administración y control en materia de propiedad industrial, patentes, marcas y modelos.
Cáñamo y cannabis
Otro de los cambios es la disolución de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame). Tras una evaluación interna, el Ejecutivo detectó un esquema jerárquico sobredimensionado en proporción a su dotación real de personal y sugirió su eliminación.
En el informe elaborado por el Interventor, se pone de manifiesto que el esquema actual “no distingue suficientemente entre los distintos usos y productos derivados de la planta de Cannabis Sativa L. y que ello genera obstáculos para el desarrollo de la industria del cáñamo en aquellos países que no adaptaron su regulación, comprometiendo la competitividad del sector y generando cargas regulatorias innecesarias”.
A partir de ahora, las competencias regulatorias quedan distribuidas entre el Ministerio de Economía -manejando registros y controles del cáñamo industrial y su biomasa, así como la regulación sobre semillas del producto-, y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), que supervisará todo lo relacionado con productos de cannabis destinados exclusivamente a fines medicinales.
Agricultura familiar
La norma también dispone la disolución del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), que hasta ahora funcionaba como organismo descentralizado orientado a políticas específicas para la agricultura familiar, en “la ejecución de las políticas, planes y programas que atiendan las necesidades y fomenten el desarrollo y fortalecimiento de los diversos sectores agroproductivos vinculados a la agricultura familiar, campesina e indígena y de la pesca artesanal”.
Sus responsabilidades y obligaciones serán absorbidas por la cartera que dirige Luis Caputo, que además asume las funciones como autoridad de aplicación de la Ley 27.118. Solo se mantienen el Registro Nacional de la Agricultura Familiar y competencias básicas de fiscalización.
Disolución del Inase
La reorganización establece la disolución del Instituto Nacional de Semillas (INASE) y la Comisión Nacional de Semillas, traspasando sus facultades regulatorias e inspectivas a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Bajo este nuevo esquema, las tareas técnicas y de control en materia de semillas estarán a cargo de un Comité Asesor de Semillas de carácter honorario, eliminando la estructura descentralizada anterior y favoreciendo la centralización bajo autoridad ministerial.
