El senador nacional Daniel Bensusán se expresó en defensa de la Ley Nacional de Emergencia en Discapacidad, recientemente sancionada por el Congreso, y reclamó que no sea vetada por el presidente Javier Milei. “Su cumplimiento es fundamental para que las personas con discapacidad tengan garantizado el acceso a derechos y servicios fundamentales como alimentos, educación, medicamentos y tratamientos para mejorar su calidad de vida”, remarcó.
En ese sentido, el legislador advirtió que un eventual veto presidencial “traería serios problemas para el acceso a servicios imprescindibles para quienes tienen alguna problemática”. La norma le otorga al Poder Ejecutivo herramientas para actuar y garantizar derechos básicos, en un contexto en el que se han registrado demoras en la asistencia por parte del Estado nacional.
Bensusán mantuvo en los últimos días un encuentro con el director de Discapacidad de La Pampa, Iván Poggio, donde analizaron los alcances de la ley y su impacto en la provincia. “En La Pampa hay 12 mil personas con discapacidad que dependen, en mayor o menor medida, de la presencia del Estado para asegurar su bienestar. Entre ellas, muchas que no pueden trabajar y tienen como único ingreso económico la asistencia estatal, que también garantiza tratamientos médicos”, explicó el senador.
Según detalló, actualmente se observan demoras en las altas de beneficios nacionales y retrasos en la autorización de prácticas médicas por parte de algunas obras sociales. “De estas carencias se hace cargo la salud pública provincial y los organismos del gobierno pampeano”, sostuvo.
Auditorías con falencias
Bensusán también alertó sobre el funcionamiento de las auditorías que está realizando el Gobierno nacional a personas con incapacidad laboral. “Se está llevando adelante un control que parece más un filtro para quitar beneficios que una auditoría genuina. Hay quejas de todo el país. En muchos casos, las citaciones no llegan o lo hacen a domicilios incorrectos, y si la persona no se presenta, pierde el beneficio”.
En esa línea, relató un episodio ocurrido en La Pampa esta semana: personas de las localidades de Trenel y Arata fueron convocadas a un control en General Pico, pero al llegar, fueron notificadas por un empleado del hotel donde debía realizarse la evaluación que los auditores no estaban presentes y que el control se reprogramaría para dentro de 60 días.
El senador también cuestionó el gasto de 13 mil millones de pesos que se destinó para esta auditoría nacional, que incluyó el envío de 810 mil cartas. “Si se tiene en cuenta que no todas llegaron a destino y que la logística falló, alguien debería dar una explicación”.
Finalmente, Bensusán señaló: “Los argentinos merecemos que el Gobierno deje de hacer pagar el costo de la economía nacional a personas con discapacidad, jubilados, universidades, trabajadores, pymes y la producción. Los números deben cerrar con toda la población viviendo bien y gozando de derechos”.
