Se «cayeron» las pruebas y el intendente de Macachín, Jorge Cabak (PJ), respira más tranquilo. Este mediodía, el Tribunal Oral Federal (TOF) declaró nula toda la investigación de la causa del prostíbulo La Chicho Show porque se perdieron los 36 casetes con las escuchas telefónicas en las que estaba basada. De esta manera, absolvió a los siete imputados, entre ellos el jefe comunal. El lunes 17, a la hora 12.30, el TOF dará a conocer los fundamentos.
La Chicho Show es un recordado prostíbulo que funcionó hasta 2011. Era propiedad de Luis Daniel De Luca, junto a otros socios.
El predio era de una hectárea: había una docena de casas mas el prostíbulo, que tenía una barra y cuatro habitaciones donde se hacían los “pases”. Allí, incluso, hace un año se realizó una excavación en búsqueda de posibles restos de Marita Verón, la joven tucumana que cayó en manos de una red de trata y permanece desaparecida.
El lunes 3 de diciembre, el fiscal federal Leonel Gómez Barbella había pedido que Cabak fuera condenado a 6 años de prisión y se le impusiera una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por haber sido, según había argumentado, partícipe necesario del delito de trata de personas porque permitió el funcionamiento de La Chicho Show, donde se explotaba sexualmente a mujeres. “Se da un caso de ‘manual’ de trata de personas”, había dicho frente a los jueces.
La misma pena, de 6 años, había pedido el fiscal al excomisario del pueblo, Hugo Mario Iglesias. Otro de los principales acusados era el dueño del prostíbulo, Luis Daniel De Luca -hoy radicado en Mar del Plata y con una agencia de quiniela-. El fiscal había reclamado que fuera condenado a 7 años. También había solicitado 7 años a otro de los dueños, Esmundo “Dito” Blas -exconcejal de Macachín y actualmente residiendo en Bolívar, donde tiene un restaurante-.
En tanto, había solicitado 5 años de prisión a Leandro Otero -transportista de Macachín-, Maximiliano De Luca -hijo de Luis Daniel, que trabaja en Mar del Plata- y a Oscar Moya -remisero de la localidad-.
Hoy, por la mañana, alegaron los defensores. En líneas generales todos pidieron la nulidad de la causa y la absolución. ¿El principal motivo? Que desaparecieron los 36 casetes con las escuchas telefónicas, ordenadas por la Justicia luego de que una mujer, Patricia, y su esposo, revelara la trama de explotación sexual en el local. Esos casetes estaban en custodia de una oficial de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional I.
Además, la defensora del intendente, Mirta Brown, le apuntó al testimonio tomado a Patricia y su esposa. Dijo que los siete fueron imputados en 2014 a partir de testimonios que fueron tomados en 2012 y que nunca fueron ratificados. Es más, Patricia y su esposo no pudieron ser ubicados en Tucumán o la zona para que ratificaran sus versiones en este juicio.
Pasado el mediodía, se conoció el fallo firmado por unanimidad por los jueces Pablo Díaz Lacava, José Triputti y Marcos Aguerrido: declararon «nula» toda la investigación porque se cayeron las principales pruebas. El lunes 17, a la hora 12.30, darán a conocer los fundamentos.