En una jugada de último momento que buscó meter una cuña entre los gobernadores y diluir la ofensiva conjunta, el Gobierno de Javier Milei ofreció propuestas alternativas de reparto de ATN (Aportes del Tesoro Nacional) y del impuesto a los Combustibles. De esta manera, la discusión en la Cámara de Diputados dio un giro inesperado y se definirá en el recinto, en una sesión que la oposición pedirá para dentro de una o dos semanas.
Las contrapropuestas fueron negociadas por el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y quedaron plasmadas en dos dictámenes de minoría de La Libertad Avanza y el PRO, que ya recibieron aval de dos gobernadores: el mendocino Alfredo Cornejo (aliado a La Libertad Avanza) y el sanjuanino Marcelo Orrego, de un sello provincial. “Antes que nada, podemos llevarnos algo”, es la máxima de esos mandatarios ante el futuro veto presidencial, publicó el diario Río Negro.
Por el lado del cordobés Martín Llaryora, el diputado Ignacio García Aresca se ausentó en la reunión y permaneció en la provincia, involucrado en el cierre de listas de este domingo. Pero cedió su firma al socialista Esteban Paulón (compañero del bloque Encuentro Federal) y ratificó su acompañamiento a los dos proyectos.
Las iniciativas originales de los gobernadores, que ya cuentan con media sanción del Senado, fueron las que obtuvieron dictamen de mayoría en las comisiones. Pero los dictámenes de minoría del oficialismo y el PRO cambiaron el escenario. Si más gobernadores ceden y en el recinto hay modificaciones, los expedientes volverán a la Cámara alta, que tendrá la última palabra.
El primer debate se dio en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el libertario José Luis Espert. Con 27 firmas de la oposición, avanzó el proyecto para que la distribución de ATN, que hoy es discrecional, pase a ser automática y diaria hacia adelante, según los coeficientes de coparticipación. Son fondos que este gobierno tiene “pisados” para alimentar el superávit fiscal.
En cambio, la propuesta del oficialismo y el PRO busca que solo se repartan por coparticipación “los recursos remanentes de distribución de cada ejercicio fiscal que fueran ingresados al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional”. Esta redistribución “procederá en forma mensual una vez cerrado el ejercicio fiscal anual en que se generaron” esos excedentes.
Para el dictamen de mayoría, que replica la media sanción del Senado, aportaron firmas de sus diputados el jujeño Carlos Sadir (que integra junto a Llaryora la nueva agrupación Provincias Unidas, y tiene un diputado en Democracia para Siempre), y los peronistas Raúl Jalil (Catamarca), Ricardo Quintela (La Rioja) y Sergio Ziliotto (La Pampa), todos en Unión por la Patria. Encuentro Federal se sumó a través de Paulón.
El salteño Gustavo Sáenz y el misionero Hugo Passalacqua, representados en el bloque Innovación Federal, también acompañaron el dictamen de mayoría, pero dejaron la puerta abierta a una negociación ante el dictamen alternativo de La Libertad Avanza que apareció a último momento. Esto también arroja dudas de cara a la votación.
Quienes se desmarcaron completamente, abriendo una primera fisura en el frente de gobernadores, fueron Cornejo y Orrego, que aportaron las firmas de los diputados Lisandro Nieri (UCR) y Nancy Picón (Producción y Trabajo), respectivamente.
Según datos aportados en el debate por el pampeano Ariel Rauschenberger, que responde al gobernador Ziliotto, en el año y medio de gestión de Milei se recaudaron más de $1,1 billones por el Fondo de ATN y se distribuyeron apenas $143.800 millones entre 16 provincias (12,7% del total). Hay ocho provincias que no recibieron ATN en todo 2024 y lo que va de 2025: Córdoba, CABA, Formosa, La Pampa, La Rioja, San Luis, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.
“Son recursos que pertenecen a las provincias y no afectan el equilibrio fiscal”, remarcó Rauschenberger. “Hoy la Nación se apropia de estos recursos para mostrar un superávit fiscal que es ficticio”, dijo. Además, aclaró que al tomarse el esquema de coparticipación, la Nación también recibirá su parte (el 42%).
El proyecto de impuesto a los Combustibles se discutió luego en un plenario de Presupuesto y de Energía y Combustibles, donde también recibió dictamen de mayoría (con 46 firmas) el proyecto original de los gobernadores, que establece el siguiente esquema de distribución de lo recaudado: el 57,02% para las provincias, el 14,29% al Tesoro Nacional, y el 28,69% a la ANSES.
La iniciativa elimina una serie de fideicomisos que se financian con el ICL y se destinan a obras públicas que hoy la Nación no ejecuta. Estiman que en 2024 el ICL recaudó más de $2,5 billones, de los cuales el 90% quedó en manos del Estado Nacional.
A último momento, tal como había sucedido con los ATN, La Libertad Avanza y el PRO presentaron una propuesta alternativa que morigera el proyecto de los gobernadores y eleva el porcentaje que quedaría para la Nación, en detrimento de las provincias. A esta propuesta se sumó la también “cornejista” Pamela Verasay, además de Nieri y Picón.
La libertaria Lorena Villaverde, titular de Energía, rechazó el proyecto de los gobernadores. “Bajo el disfraz de fortalecer el federalismo, este proyecto no es más que la vieja política maquillada. Plata fácil para los gobernadores”, advirtió. Para la rionegrina, “el gasto, el despilfarro y la dependencia siguen ahí. Solo cambia el buzón donde quieren poner la plata. Es más de lo mismo: otra etiqueta”.
Por su parte, el socialista Paulón (que también suplantó al schiarettista Carlos Gutiérrez en este debate) advirtió que el ICL “es uno de los impuestos que más se ha incrementado: el año pasado se multiplicó por seis, y hoy la recaudación prácticamente representa un monto similar a lo que hubiera significado el impuesto PAIS si hubiera sido prorrogado”.
