El secretario general del Centro Empleados de Comercio de La Pampa, Rodrigo Genoni, participó de la reunión de la comisión de Legislación Social, presidida por la diputada Laura Trapaglia (Pro), en la que planteó la situación que atraviesan las entidades de obras sociales sindicales y privadas.
Genoni se refirió al impacto que las actuales condiciones tienen en la cobertura de los trabajadores y sus familias: “Para dimensionar la problemática, un grupo familiar recibe en promedio $80.000 por mes en su obra social. De ese monto, $30.000 provienen del aporte del trabajador y $50.000 del empleador. Con esos recursos debemos garantizar atención integral: consultas, medicamentos de alto costo, internaciones, HIV, cáncer, partos, discapacidad. Todo con $80.000 por mes”.
El dirigente recordó que la desregulación de los años ’90 afectó gravemente al sistema solidario, ya que las prepagas captaron a los afiliados jóvenes y sin cargas familiares, dejando a las obras sociales sindicales con los sectores de mayor edad, mayores necesidades y menores ingresos. “El sistema funciona porque todos aportan a un fondo común. Si se quitan los altos ingresos y se concentran los pacientes de mayor complejidad en las obras sociales sindicales, el sistema se rompe”, advirtió.
Genoni explicó las crecientes dificultades en la negociación con colegios profesionales y asociaciones de clínicas. “Hoy hay obras sociales que no cuentan con traumatología, infectología, dermatología ni odontología. Los convenios muchas veces se condicionan de manera corporativa, y cuando no se aceptan las condiciones, los profesionales suspenden los servicios”, agregó.
También puso en evidencia la brecha entre lo que se paga en el sistema privado y lo que perciben los profesionales en el sector público. “Un médico en hospital gana $1.300.000 part-time o $2.600.000 full-time. Sin embargo, hay especialistas en el sector privado que facturan entre 8 y 10 millones de pesos por mes y aun así interrumpen servicios para reclamar incrementos. Esta asimetría desalienta el trabajo en el hospital y agrava la falta de médicos en el interior de la provincia”, dijo Genoni.
Y remarcó que esta situación termina repercutiendo directamente en los trabajadores: “Cada corte en una especialidad deriva en que nuestros afiliados sean atendidos en el hospital público, que nos vuelve a cobrar los servicios. En los hechos, los trabajadores pagan dos veces: a través de sus impuestos y a través de la obra social”.
El dirigente gremial alertó sobre prácticas irregulares que agravan el panorama: cobros indebidos en dólares, exigencias de pagos por fuera de convenio y falta de regulación en la instalación de servicios de diagnóstico. “Hay familias que deben endeudarse para afrontar gastos en negro de hasta 1.000 dólares. El perjuicio social es enorme -dijo- y necesitamos abrir un debate serio para recuperar un sistema de salud más justo y accesible”.
También habló de situaciones preocupantes que afectan directamente la calidad de la atención en la provincia: “Nos informan que los últimos partos realizados fueron todos por cesárea y todos en horario nocturno. ¿Por qué? Porque los honorarios se pagan mejor de noche. Esto refleja un desvío que nada tiene que ver con la salud de la madre y el niño, sino con un criterio puramente económico”.
Frente a los diputados provinciales, Rodrigo Genoni expresó la posición de debilidad en la que se encuentran las obras sociales sindicales frente a los colegios profesionales. “Cuando no están de acuerdo con lo que pagamos, nos cortan los servicios de manera unilateral. En cambio, si detectamos una mala praxis en un profesional, no tenemos herramientas para separarlo. Si contamos con 300 médicos clínicos, pero nuestra obra social podría cubrir la demanda con 150, no podemos elegir: o trabajamos con todos, o no trabajamos con ninguno”, explicó.
Ante este panorama, planteó la necesidad de abrir un debate amplio y ordenado sobre el sistema de salud provincial, con la participación de todos los actores involucrados: colegios profesionales, obras sociales sindicales, el Ministerio de Salud y representantes del Poder Judicial.
También cuestionó la incorporación de nuevas prestaciones al Programa Médico Obligatorio (PMO) sin previsión de financiamiento: “Cada vez que se agrega una práctica, hay que preguntarse quién la paga, porque los ingresos de las obras sociales son siempre los mismos”.
Finalmente, advirtió sobre la fragilidad del sistema solidario frente a la creciente incorporación de monotributistas, jubilados y trabajadores con aportes bajos. “El sistema se sostiene porque las obras sociales sindicales seguimos cubriendo lo que las prepagas no aceptan: discapacidad, enfermedades preexistentes y adultos mayores”, concluyó.
Por último, la presidenta de la Comisión anunció que se conformará una mesa de trabajo para elaborar un despacho y convocar a otros organismos vinculados con el sistema de salud.
