El fiscal federal Carlos Stornelli impulsó la denuncia del Gobierno por supuesto espionaje ilegal aunque aclaró que en su investigación no violará el secreto de las fuentes de los periodistas ni sus domicilios con allanamientos. La pesquisa se abre a partir de la denuncia que hizo ayer el Ministerio de Seguridad por la filtración de grabaciones de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. A partir de ahora, el juez federal Julián Ercolini determinará los próximos pasos de la investigación.
En el dictamen de Stornelli, al que accedió el diario La Nación, el fiscal dijo que “no puede descartarse si no más bien presumirse la ilegitimidad de los audios quizás ardidosamente y de manera equívoca puestos por algunos actores dolosamente a consideración de la opinión pública”.
“Estamos frente a una operación de inteligencia ilegal, de factura indudablemente clandestina, elaborada en consabidos y oscuros sótanos, lo que debe ser materia incansable de investigación, lo que así postulo”, afirmó el fiscal, en línea con el argumento del Gobierno.
Stornelli señaló que la investigación “no podrá hurgar en las fuentes de algún periodista, merezca el concepto que merezca por parte de quien lo analice, ello por mandato constitucional y sin perjuicio de que alguno quiera voluntariamente, en ese sentido, aportar datos que considere puedan servir al descubrimiento de la verdad”.
Y advirtió que “esto incluye la inviolabilidad del domicilio, salvo orden fundada de juez competente”.
El Gobierno planteó dos acciones judiciales tras el escándalo generado por la publicidad de los audios del extitular de la Agencia de Discapacidad Diego Spagnuolo, donde admitiría que se repartían coimas por la compra de medicamentos, y por la difusión de conversaciones de Karina Milei.
Por un lado, presentó una denuncia penal que recayó en el jugado de Julián Ercolini con intervención del fiscal Stornelli, donde, además de plantear que se estaba frente a un complot para perjudicar al Gobierno antes de las elecciones, pidió que se impidiera la difusión de los audios.
Por otro lado, en relación con los audios de Karina Milei, pidió el viernes pasado que se frenara la difusión de esas grabaciones, que se había anunciado que se harían públicas esa noche.
En ese expediente intervino el juez Alejandro Patricio Maraniello, que impidió la difusión de los audios de Karina Milei que hayan sigo registrados en la Casa Rosada de manera subrepticia, lo que motivó la crítica unánime de juristas y constitucionalistas.
En la causa penal por el supuesto complot de espionaje ilegal contra Milei, el fiscal Stornelli pareció compartir la mirada del Gobierno sobre la existencia de una maniobra destinada a perjudicarlo.
Escribió Stornelli que, en la denuncia del Ministerio de Seguridad, firmada por Fernando Oscar Soto, se habló de “la existencia de presuntas acciones delictivas llevadas adelante por una organización criminal, mediante el desarrollo de actividades prohibidas y penadas por la Ley Nacional de Inteligencia».
El Ministerio de Seguridad afirmó que esas acciones consistieron en “la captación y obtención ilegal de supuestos audios de conversaciones y/o comunicaciones privadas que corresponderían a la Secretario General de la Presidencia, Licenciada Karina Milei, mediante prácticas de espionaje ilegal, para luego procederse a su edición, manipulación, tergiversación y difusión clandestina, amplificándose a través de redes sociales y de ciertos medios de prensa que habrían sido elegidos deliberadamente, algunos intencionalmente y otros sorprendidos en su buena fe”.
El fiscal recordó que la denuncia había sostenido que esto tenía el propósito de “desacreditar la imagen del Gobierno en ejercicio influyendo ilegítimamente en la opinión pública e instalando posibles falsas acusaciones, y también con el posible fin de alarmar y desinformar a la población”.
También citó el argumento de que se buscó “desestabilizar los principales indicadores de la política económica, influenciar en el proceso electoral en las próximas elecciones legislativas -tanto a nivel nacional como provincial-, provocar una crisis de naturaleza política e interferir indebidamente en el funcionamiento de uno de los Poderes del Estado Nacional”.
