El Gobierno busca financiamiento para realizar las obras eléctricas necesarias para evitar que el aumento de la demanda siga presionando sobre el sistema y sean inevitables los cortes de luz, planeando trasladar el costo a las tarifas de los usuarios.
La administración de Javier Milei calcula que requiere de por lo menos US$6.500 millones para afrontar los proyectos que apuntan a ampliar las redes de alta tensión y oxigenar al segmento mayorista de transporte energético con el objetivo de que soporte los picos de demanda en los periodos de calor o frío más duros.
La Secretaría de Energía, a cargo de María Tettamanti, definió un esquema de obras imperiosas para dar respuesta al actual escenario estableciendo tres prioritarias: línea de 500 kw Río Diamante-Charlone-O Higgins en Cuyo; ampliación de línea Puerto Madryn-Choele Choel y Bahía Blanca en la Patagonia; y nueva estación transformadora en Plomer y más de 500 kilómetros de líneas de alta tensión Ezeiza-Vivoratá- Atucha como parte del Área Metropolitana I.
La imposibilidad de concretarlas hasta ahora pasó por la falta de financiamiento. En una estrategia similar a la utilizada en la gestión de Mauricio Macri con el programa de Participación Público Privado (PPP), el Gobierno apunta a que las obras se lleven a cabo con inversiones privadas a recuperar con un futuro cargo sobre la tarifa o canon cuotificado.
De esta manera, los usuarios verán incrementos en las facturas para solventar el costo que permita fortalecer el sistema energético y librarse de los reiterados apagones en los picos de temperatura.
