Legisladores provinciales presentaron en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que establece la obligatoriedad de realizar controles toxicológicos a todos los funcionarios de los tres poderes del Estado pampeano. La iniciativa, dijeron, busca garantizar que quienes ejercen cargos de responsabilidad lo hagan libres de consumo de drogas ilegales, reforzando la ejemplaridad y la transparencia en la gestión pública.
El proyecto fue firmado por Hipólito “Poli” Altolaguirre, Gisela Cuadrado y Sergio Pregno, de la UCR; Noelia Viara y Celeste Rivas, del Pro-MID; y Sandra Fonseca y Maximiliano Aliaga, de Comunidad Organizada, quienes remarcaron que la sociedad demanda integridad y coherencia de sus representantes, especialmente frente a problemáticas tan graves como el narcotráfico.
La propuesta establece que deberán someterse a controles obligatorios: el gobernador y vicegobernador, ministros, subsecretarios, legisladores, jueces, magistrados, autoridades de entes autárquicos y descentralizados, personal jerárquico de la Policía, así como funcionarios de sociedades del Estado y SAPEM. Los análisis se repetirán anualmente y estarán a cargo del Ministerio de Salud, con contralor de una comisión fiscalizadora integrada por representantes del Colegio Médico, la UNLPam, el Poder Ejecutivo, el Superior Tribunal de Justicia y los bloques legislativos minoritarios.
En caso de resultados positivos, se prevé la posibilidad de contrapruebas, además de medidas como licencias, suspensión en el cargo o incluso el cese de funciones, siempre con respeto a la Constitución y a la legislación vigente. Asimismo, se plantea la asistencia y acompañamiento a los funcionarios que atraviesen consumos problemáticos, garantizando un abordaje integral desde la salud pública.
“No se puede exigir a la ciudadanía cumplir con la ley si quienes deben dar el ejemplo no están libres de condicionamientos”, dijeron. En los fundamentos remarcaron que el consumo de drogas afecta la capacidad de juicio y limita la responsabilidad de quienes deben tomar decisiones trascendentes para la provincia.
Además, sostuvieron que esta ley se enmarca en una política de Estado necesaria en tiempos de crisis y creciente presencia del narcotráfico. “La lucha contra las drogas exige funcionarios íntegros, con plena libertad de acción y exentos de cualquier dependencia que pueda condicionar su tarea”, señalaron los diputados firmantes.
