El gobernador Sergio Ziliotto ratificó este sábado, en la inauguración de la Exposición Rural de Santa Rosa, la implementación de la Ley Integral de Plaguicidas que ya está operativa como prueba piloto en 15 localidades de La Pampa. Resaltó que la legislación no prohíbe la aplicación de plaguicidas, sino que exige prácticas y cuidados especiales. Incluso sostuvo que, ante la creciente rigidez de las reglas del comercio mundial, políticas públicas de este tipo servirán en el futuro para sortear barreras paraarancelarias que castigan la desprotección ambiental.
Ziliotto hizo estas apreciaciones desde el palco la Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa, una de las entidades que pide la eliminación total de la norma y empezar a discutir otra vez de cero. “Quiero ratificar nuestra postura a favor de la Ley de Plaguicidas. Se trata de una ley que está vigente, se aplica en 15 municipios, por lo que también se cumple”, dijo Ziliotto.
“Hay algo sustancial que debe quedar claro: esta ley no prohíbe la aplicación de plaguicidas. Exige prácticas diferenciales y cuidados especiales en cercanías de centros urbanos. Estas tareas ya se realizan vía excepciones solicitadas por los municipios y autorizadas por la autoridad de aplicación”, expresó. “Porque no sólo promovemos la producción, también tenemos la responsabilidad de cuidar la salud y preservar el ambiente”, dijo.
“Saliendo de este escenario coyuntural, no tengo duda que en el tiempo esta ley se transformará en un instrumento de protección de nuestro sistema productivo”, manifestó. “Observando la creciente rigidez de las reglas del comercio mundial, políticas públicas de este tipo servirán en el futuro para sortear barreras paraarancelarias que castigan la desprotección ambiental”, agregó.
La ley se aprobó en 2020. En 2024, se empezó a reunir un consejo consultivo para tratar de acordar su reglamentación. En uno de los últimos encuentros, representantes de asociaciones rurales y de empresas aplicadoras de fitosanitarios pegaron el portazo y se retiraron del consejo consultivo: pidieron, directamente, derogar la ley. Según sostuvieron, la ley “perjudica” y “burocratiza” a la producción y “criminaliza” a los ruralistas.
Entre otros puntos, cuestionan la prohibición de fumigación por aire a 3 mil metros de los pueblos y por tierra a 500 metros.
La reglamentación aún no ha sido aprobada. Sin embargo, la ley ya comenzó a aplicarse en unas 15 localidades.
