El concejo deliberante de Catriló deberá resolver en los próximos días la creación de una comisión investigadora contra la intendenta Graciela López y parte de su gabinete, a raíz de una serie de presuntas irregularidades administrativas y financieras detectadas en la gestión municipal.
El pedido fue presentado por concejales del PRO y del FreJuPa, quienes sostienen que existe un “deterioro sostenido del orden institucional” y una “falta de transparencia” en el manejo de fondos públicos.
La iniciativa se ampara en el artículo 119 de la Ley Orgánica de Municipalidades (Nº 1.597), que faculta al Concejo a crear una comisión especial con potestad investigativa. De aprobarse, el cuerpo tendrá 60 días hábiles para analizar la documentación y emitir un dictamen. En caso de detectarse posibles delitos, se deberá dar intervención a la Justicia.
López, de origen peronista, regresó a la intendencia por CO e inmediatamente se reafilió al PJ. Tiene una nula relación con los concejales del peronismo, que responden al exintendente Ricardo Delfino.
Contrataciones bajo la lupa
Entre los puntos más graves del proyecto se mencionan contrataciones directas con presuntas incompatibilidades. Según el documento, uno de los proveedores sería empleado municipal jornalizado y familiar directo del director de Ambiente, lo que contraviene las normas de transparencia.
El proveedor, identificado como Sebastián Paiva, habría recibido órdenes de provisión firmadas por su hermano y refrendadas por las secretarías de Hacienda y Gobierno, además de la propia intendenta, aun cuando la Asesoría Letrada Municipal había advertido las irregularidades.
Los concejales también señalan pagos que superaron los montos permitidos para contrataciones directas, así como el fraccionamiento de obras públicas, como el Propays y el Acueducto Norte, para evitar llamados a licitación.
Falta de rendiciones y transparencia
El pedido de investigación también incluye observaciones contables. Se cuestiona el uso de fondos con asignación específica para otros fines sin comunicación al concejo y la falta de documentación respaldatoria en las rendiciones.
Asimismo, se denuncia la existencia de contrataciones directas bajo supuestas “urgencias” —como la provisión de agua potable— cuyos trabajos, un año después, “aún no están finalizados”.
Otro de los puntos señalados es la falta de información sobre el Programa de Mejoramiento del Parque Automotor, que cuenta con un presupuesto de 154 millones de pesos, sin que se haya informado sobre el destino ni la ejecución de esos fondos.
Ingresos de personal y demoras en pagos
Los ediles opositores también apuntan a nuevos ingresos de personal sin los informes correspondientes sobre nómina, funciones y mecanismos de contratación. A su vez, se registraron demoras y fraccionamientos en el pago de haberes, lo que —según el bloque opositor— contradice el discurso de austeridad del Ejecutivo local.
Viviendas y control interno
El proyecto menciona además irregularidades en la administración del Plan Mi Casa. Según los concejales, el municipio cobró cuotas a los adjudicatarios pero no las depositó en la cuenta específica hasta que el Concejo lo requirió por unanimidad.
También se detectó una factura de servicios presuntamente no realizados, presentada por un proveedor que habría intentado cobrar trabajos a nombre de otra persona, lo que —según los concejales— revela una “falta de control evidente” dentro de las secretarías municipales.
“Una conducta omisiva y opaca”
El pedido de creación de la comisión investigadora se justifica en lo que los bloques del PRO y FreJuPa definen como una “persistencia de conducta omisiva y opaca” del Ejecutivo, pese a las observaciones y sanciones emitidas anteriormente.
Los autores del proyecto sostienen que el objetivo no es político, sino “institucional”, y remarcan que la transparencia y la legalidad son principios esenciales del funcionamiento municipal.
De aprobarse, la comisión investigadora deberá revisar la documentación contable, administrativa y contractual del municipio y determinar si corresponde la responsabilidad política, administrativa o judicial de los funcionarios involucrados.
En una reciente entrevista en Radio Kérmés, la intendenta cuestionó la postura que mantiene el concejo deliberante de su localidad. Aseguró que son “todos oposición” y que “no piensa hacer nada” para resolver el diálogo. “No hay voluntad de trabajar, de proyectar o de hacer cosas por el pueblo. Si ellos piensan que nos vamos a acobardar porque nos hacen veinte pedidos de informe por cualquier cosa, y no; a mí me parece bien”, sostuvo.
