Integrantes de la organización Pan y Rosas (La Pampa) solicitaron que la Justicia absuelva a Melanie López, una joven madre que ocupó una vivienda social de Toay y que luego, mediante denuncia penal del intendente Ariel Rojas, debió abandonar. El fallo judicial por esta causa estaría por dictarse el viernes 17 de este mes.
Desde la agrupación recordaron que Melanie y Antonella Villalva ocuparon en junio de 2024 dos viviendas municipales deshabitadas en Toay ante la imposibilidad de acceder a un alquiler o una vivienda digna. “Por este hecho fueron denunciadas penalmente por la municipalidad de Toay (intendente Ariel Rojas). Además de criminalizarlas y hostigarlas, se procedió al corte de servicios básicos como luz, agua y gas en pleno invierno, lo que agravó la precariedad habitacional. Frente a esta situación, la Asamblea contra el ajuste de Milei, decidió acompañarlas, documentar su caso y buscar soluciones institucionales”, resaltaron desde Pan y Rosas.
Y remarcaron que se enviaron notas al intendente Ariel Rojas y a las autoridades provinciales de niñez (Juan Pablo Meacca y Rodrigo Lofvall), solicitando una audiencia y medidas urgentes.
“En la reunión (del 31 de julio del año pasado) que mantuvieron varias mujeres del movimiento feminista, estas autoridades reconocieron conocer la situación y mencionaron una oferta de pago de alquiler ($300.000), rechazada por las jóvenes ante su carácter transitorio e incierto. Se prometió gestionar la reconexión de luz y asistencia alimentaria, así como promover su inscripción en el IPAV para acceder a viviendas en comodato. Sin embargo, ninguna medida estructural fue concretada. Durante los meses siguientes, Anto y Melanie siguieron sin servicios básicos, -dijeron- pese a las gestiones reiteradas. Además, denunciaron trato desigual y discriminación institucional, ya que otras familias en situación similar recibieron mejoras en viviendas lindantes también propiedad del Municipio de Toay”.
Y agregaron: “El acompañamiento social se redujo a la entrega esporádica de alimentos y una garrafa, mientras persistían las obstaculizaciones administrativas para acceder a recursos mínimos, como así también el destrato constante. El 8 de diciembre de 2024, Antonella Villalba se quitó la vida. Tras su muerte, ni su familia ni Melanie López recibieron asistencia inmediata del equipo posvención de la Subsecretaría de Salud Mental, aunque luego se gestionó acompañamiento desde el Hospital de Toay”.
Desde Pan y Rosas afirmaron que el Gobierno municipal (Toay) y provincial “incumplieron” su deber de protección y acompañamiento, “exponiendo a Melanie y sus hijos a condiciones indignas, estigmatización, amenazas y violencia institucional”.
“A fin de 2024, con la Asamblea contra el ajuste de Milei iniciamos, en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, una denuncia a funcionarios públicos, que aún está en proceso de instrucción”, recordaron.
