Mientras en Santa Rosa el concejo deliberante trabaja en una ordenanza para regular a Uber, la Justicia de Misiones emitió un fallo que podría marcar un punto de inflexión en el debate sobre el estatus legal de las plataformas digitales de transporte. La jueza Correccional de Eldorado, Marisa Aquino, resolvió que Uber no constituye un servicio público similar al taxi o al remis, sino una actividad privada regida por el Derecho Civil y Comercial.
Con esta definición, dejó sin efecto las sanciones impuestas por el Tribunal de Faltas de Puerto Iguazú contra un conductor de Eldorado, Julio César Ayala, al que se acusaba de transportar pasajeros sin habilitación municipal.
El conflicto comenzó el 3 de abril de 2024, cuando inspectores de tránsito labraron un acta contra Ayala en el aeropuerto de Iguazú. El municipio le imputó infracciones previstas para el transporte público tradicional y retuvo el vehículo, considerando que realizaba un servicio de remis sin habilitación. Sin embargo, la defensa del conductor argumentó que la acusación se basaba en una falsa premisa: Ayala no prestaba un servicio público, sino que realizaba un traslado acordado entre particulares a través de una plataforma digital.
La jueza Aquino coincidió con la defensa y sostuvo que Puerto Iguazú no cuenta con una normativa específica y razonable que regule las actividades gestionadas mediante aplicaciones. Por lo tanto, el municipio no puede sancionar una actividad lícita sin respetar los principios básicos del derecho administrativo: legalidad, razonabilidad, proporcionalidad y derecho de defensa. Según la resolución, ninguno de estos criterios se cumplió al momento de imponer las sanciones.
El fallo destacó que plataformas como Uber funcionan bajo un contrato privado directo entre el conductor y el usuario, lo que las diferencia jurídicamente del sistema de taxis y remises, que sí tiene regulación municipal. Además, subrayó que ninguna ordenanza vigente en Puerto Iguazú prohíbe o limita de manera explícita este tipo de servicios, lo cual vuelve inaplicable la normativa invocada en el acta de infracción. De este modo, se dispuso el sobreseimiento total de Ayala y la invalidación de las sanciones.
La jueza remarcó que no corresponde aplicar sanciones discrecionales por analogía con el transporte público regulado, lo que implica que los municipios deben generar marcos normativos específicos si pretenden ordenar la actividad.
En el concejo deliberante de Santa Rosa se está discutiendo una ordenanza para regular las plataformas de transporte. Los concejales y concejalas de la comisión Administrativa están a la espera de la respuesta al borrador que le enviaron al intendente Luciano di Nápoli.
En Santa Rosa Uber desembarcó en agosto de 2024 y desde entonces crece día a día la cantidad de vehículos que trabajan con esa plataforma. Su utilización creció exponencialmente desde que la aplicación comenzó a operar en la capital provincial y simultáneamente cayó fuerte la utilización de los taxis. Eso hizo que muchos taxistas comenzaran a operar con la plataforma.
El borrador de la ordenanza que tiene la intendencia establece que quienes operen a través de aplicaciones, como Uber, deberán ser propietarios de los vehículos, contar con licencia nacional de conducir y acreditar su inscripción en la plataforma digital correspondiente.
Deberán presentar un certificado de antecedentes penales, demostrar que no figuran en el registro provincial de deudores alimentarios y exhibir un libre deuda o constancia de regularización de infracciones emitida por el Juzgado Municipal de Faltas.
El proyecto también exige la contratación de un seguro especial que cubra daños a terceros, al conductor y a los pasajeros, en la modalidad de transporte oneroso de personas. Los permisionarios deberán, a su vez, constituir domicilio legal en la ciudad de Santa Rosa y solicitar a la autoridad de aplicación el permiso municipal correspondiente antes de iniciar la actividad.
Los dos puntos más discutidos son los cupos de autos de aplicación por habitantes y la antigüedad de los vehículos.
Los taxistas pidieron que se establezca un cupo de un auto de aplicación por cada 700 habitantes (es decir, un máximo de unos 200 en la ciudad, que se sumarán a los 200 taxis y remises). Pero los conductores de la aplicación rechazan esa exigencia. Sostienen que no es lo mismo un Uber que un taxi o un remis porque los choferes de aplicación trabajan 12 horas al día, mientras que los taxistas y remiseros están 24 horas. Ese es el motivo por el cual rechazan la limitación a los cupos.
En tanto, los choferes de Uber también se oponen a poner límites a la antigüedad de los autos. Sostienen que si bien hay vehículos de 15 años de antigüedad, están bien, con la RTO al día y circulando en perfectas condiciones. Y argumentan que Uber ya les controla la antigüedad al no dejar trabajar con coches de 2005 en adelante.
