La Asociación Rural de General Acha (ARGA) vuelve a ser noticia. La entidad, en una asamblea extraordinaria que se desarrolló este lunes 17, eligió a la nueva conducción. Poco después se conoció públicamente que la presidenta saliente, Adriana Leher, había metido una denuncia penal: acusó al expresidente y recientemente elegido tesorero, Matías Maisonnave, de una maniobra de “bicicleta financiera” entre 2024 y 2025 con cheques que perjudicaron a la entidad que nuclea a los productores agroganaderos. Sostuvo que no faltó dinero, pero que hubo afectación al patrimonio de la asociación.
Por lo pronto, en la asamblea, se eligió presidente a Aroldo Lagonero; vicepresidente Walter Ziaurriz; secretario Federico Ruiz; y tesorero Matías Maisonnave. Según dejaron trascender, la intención es que “vuelva la tranquilidad” a la asociación, luego de presuntos desmanejos por parte de Leher.
Pero Leher contraatacó: según pudo saber Diario Textual, metió una denuncia para que investiguen a Maisonnave, el expresidente.
En la denuncia, insistió con que fue elegida legítimamente. Sin embargo, reconoció que la Dirección General de Personas Jurídicas de la Provincia de La Pampa la desplazó de su cargo, luego de la denuncia por irregularidades en la elección.
“Es importante destacar que ellos mismos habían solicitado en mayo continuar un año más, y al no lograrlo en la votación, se retiraron de la Asamblea manifestando que no seguirían. Tres meses después, los mismos actores presentaron una denuncia contra la nueva Comisión, lo que resulta incongruente y revela una clara intencionalidad política y obstructiva”, dijo en la nota ante la Justicia. “Se trata de personas que mantenían relación directa con la gestión de Juan M. Maisonnave y que, según mi observación, eran conocedoras o cómplices del uso irregular de los cheques institucionales. Al continuar la comisión supuestamente saliente en funciones por treinta días más, se me impidió el acceso al correo institucional y al sistema contable. Se cambiaron las claves y se ordenó a la secretaria no facilitarme el acceso. Por este motivo presenté mi renuncia al cargo de vicepresidenta de esa comisión, además de ya haber reunido las pruebas del manejo irregular de cheques, para presentarme ante la justicia”, agregó.
Según dijo, durante el período comprendido entre 2024 y 2025, el entonces presidente Juan Matías Maisonave implementó un sistema de “manejo indebido de cheques” que comprometió los recursos financieros de la Asociación Rural de Acha. ¿Cuál era la mecánica? “La Asociación recibía cheques de socios y productores en concepto de pago de vacunas, servicios o aportes institucionales. Maisonave retiraba esos cheques del circuito institucional y los reemplazaba por cheques personales de su titularidad, alegando que correspondían al pago de su cuota social, cuyo valor era de apenas $5.000. Los cheques personales que ingresaba eran de montos muy superiores de millones de pesos y con plazos de cobro diferidos, de 120, 180 y hasta 300 días. De esta manera, sustraía liquidez inmediata de la institución -ya que retiraba cheques cobrables a corto plazo- y los reemplazaba por documentos propios a largo plazo, generando una bicicleta financiera personal con los fondos sociales”.
“Este mecanismo no generaba un faltante contable, por lo cual el contador (…) señaló que ‘los balances cierran’, pero sí constituía un uso indebido de fondos al desviar dinero institucional hacia operaciones personales”, agregó en la denuncia.
“Considero que el accionar del expresidente no pudo haberse realizado sin el conocimiento o la anuencia (…) de miembros de la comisión anterior”, sostuvo, en los que los enumeró.
En ese marco, pidió investigar “la existencia del uso indebido de cheques y desvío de fondos institucionales durante la gestión del presidente Juan Matías Maisonnave”; “la posible complicidad o encubrimiento por parte de los exmiembros de la Comisión”; “que se determine si los hechos encuadran en los delitos previstos por el artículo 173 inciso 7 (Administración fraudulenta) y/o el artículo 174 inciso 5 (fraude en perjuicio de una administración pública o asociación civil) del Código Penal Argentino; y “de corresponder, se inhabilite a los responsables para ejercer cargos públicos o directivos en asociaciones civiles”.
