El Gobierno nacional avanza en un proyecto de Ley de Libertad Educativa que busca derogar y reemplazar la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, vigente desde 2006. La iniciativa se refiere a la “educación básica” (nivel inicial, primario y secundario), y mantiene la vigencia de la Ley de Educación Superior (referida a las universidades).
El proyecto habilita la educación en el hogar (el “home schooling”) como una de las “formas alternativas de enseñanza”, junto con la educación híbrida (que combina instancias presenciales y virtuales) y a distancia, sin establecer una edad mínima. Para la educación en casa, los estudiantes podrán acreditar sus aprendizajes “mediante exámenes periódicos”.
También autoriza a las provincias a ofrecer “enseñanza religiosa confesional” en las escuelas públicas de manera optativa y fuera del horario escolar. Y permite, junto con los planes de estudio “comunes” –los que se elaboran en los ministerios– la posibilidad de planes de estudio “propios”, diseñados por cada escuela. Además, declara la “esencialidad” de la educación básica, es decir que, ante cualquier medida de fuerza, deberá garantizarse la “continuidad mínima del servicio educativo”.
El proyecto recupera varias de las medidas que el Gobierno había planteado inicialmente en el capítulo educativo de la primera Ley Bases, en diciembre de 2023, elaborado por Federico Sturzenegger, que entonces no era funcionario. Según informaron desde el Gobierno, luego ese proyecto se siguió trabajando en conjunto entre la Secretaría de Educación, a cargo de Carlos Torrendell, y el Ministerio de Desregulación.
El nuevo borrador, de 136 artículos, avanza más allá de aquel capítulo –que se limitaba a modificar algunos artículos de las leyes de Educación Nacional y Educación Superior– y plantea una reformulación más amplia del sistema educativo, con foco en la “libertad educativa” y énfasis en la familia como “el agente natural y primario de la educación de los hijos”, según se lee en el primer artículo. Fuentes del Ministerio de Capital Humano confirmaron a Infobae el contenido del proyecto, que fue difundido por el sitio La Política Online, aunque subrayaron que se trata de un borrador.
En cuanto al calendario escolar, el proyecto no habla de días sino de “horas” de clase: establece un mínimo de 540 horas reloj anuales para la educación inicial (equivalentes a 180 días con una jornada de 3 horas) y un piso de 720 horas para la educación primaria y secundaria (180 días con una jornada de 4 horas).
Entre las modalidades del sistema educativo, el proyecto no menciona la “educación especial”, sino que hace referencia a “alumnos con necesidades específicas”, e incluye allí a los estudiantes con discapacidad, junto con la educación rural, intercultural bilingüe, hospitalaria, domiciliaria y en contexto de encierro. También hay una referencia a los estudiantes con “altas capacidades”. El proyecto mantiene la vigencia de la Ley de Educación Técnico Profesional, referida a las secundarias y terciarios técnicos.
Con respecto al financiamiento, se elimina la meta de inversión del 6% del PBI –una medida ya anticipada en el proyecto de Presupuesto 2026–. Si bien se reconoce la “responsabilidad compartida” entre la Nación y las jurisdicciones en el financiamiento de la educación, también se afirma que el rol del Estado es “subsidiario”, y que debe intervenir “de manera complementaria, apoyando a las instituciones educativas y actores sociales cuando estos no puedan por sí mismos garantizar el derecho a la educación”. También se afirma que las instituciones de educación básica estatales y privadas gozan de igualdad “en el acceso al financiamiento público”.
El proyecto establece que, además de la asignación de recursos a escuelas estatales y privadas (las actuales subvenciones), habrá asignaciones para las familias o alumnos y “partidas especiales” orientadas a la equidad y la innovación educativa. Se mencionan algunos requisitos para asignar recursos a las escuelas (como cantidad de alumnos, nivel socioeconómico o discapacidades de los estudiantes). Con respecto a las asignaciones para familias y estudiantes, se mencionan como opciones “becas, vales educativos, créditos fiscales u otros instrumentos equivalentes”.
