El diputado Daniel Arroyo acusó a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) de causar el colapso del sistema de prestaciones. Señaló su bronca y dolor profundo por el contraste entre la presunta dilapidación de fondos en una causa de corrupción y la inacción del organismo, que -según afirmó- se niega a aplicar la Ley de Emergencia y a otorgar aumentos mínimos a los acompañantes terapéuticos, mientras crece la desesperación de las familias.
El legislador, en declaraciones a Splendid AM 990, manifestó su malestar y sostuvo que todo ocurre en el mismo organismo que no pone en marcha la Ley de Emergencia en Discapacidad. Subrayó el contraste entre la presunta corrupción y la situación de los prestadores. Según detalló, el día en que trascendieron audios que mencionaban cifras de “500.000” y “800.000 pesos”, los acompañantes terapéuticos reclamaban en la agencia pasar de 2.900 a 3.100 pesos la hora, un aumento de apenas 200 pesos por hora, que -indicó- perciben a 180 días, es decir, a seis meses.
Arroyo describió las consecuencias de la falta de respuesta y afirmó que el mismo organismo que retiene los aumentos previstos por la ley provocó el colapso del sistema, impidiendo que muchas personas accedan a medicamentos, traslados, terapias o acompañamientos. Añadió que numerosas escuelas especiales están al borde del cierre. Atribuyó a la misma dependencia la administración de fondos que iban y venían, en fuerte contraste con la falta de recursos para las prestaciones.
Por otro lado, el diputado sostuvo que la Ley de Emergencia en Discapacidad no afecta el equilibrio fiscal del Gobierno. Indicó que la adecuación de prestaciones representa apenas 0,0003 % del producto bruto interno y que, a pesar de este dato y de que la norma fue aprobada por más del 70 % de la Cámara de Diputados, el Gobierno no se movió ni un milímetro de su plan trazado.
Arroyo afirmó que la crueldad de la situación se profundiza con el intento del Gobierno de remover a un juez federal que falló sistemáticamente a favor de las personas con discapacidad. Explicó que el magistrado ordenó reponer miles de pensiones dadas de baja de modo irregular. Señaló que, de 110.000 pensiones dadas de baja, 90.000 correspondían a personas que nunca recibieron notificación alguna. Agregó que el mismo juez había ordenado poner en marcha la ley y estaba por declarar nulo el DNU del Gobierno.
El diputado criticó que el Gobierno intentara desplazar al juez de la causa, lo que —a su entender— revela un nivel de crueldad imposible y una profunda falta de humanidad. Consideró que, a diferencia de otros países gobernados por fuerzas de extrema derecha, la Argentina es el único que avanza en este sentido, cuando en el mundo nadie duda de que el Estado debe atender a las personas con discapacidad.
Finalmente, Arroyo afirmó que la única vía disponible sigue siendo la judicial, ya que, hasta ahora, la Justicia falló a favor de las personas con discapacidad y sus familias porque tienen razón y porque el sistema colapsó. Concluyó que la situación es muy grave, ya que se enfrenta un colapso, la desesperación y un dolor inmenso de las familias, dentro del mismo organismo donde va plata y viene plata.