El concejo deliberante aprobó en la sesión de hoy por mayoría -desempató la presidenta Romina Montes de Oca- la prórroga de la emergencia social, alimentaria y habitacional, y de la emergencia sanitaria, hasta el 10 de diciembre de 2027, es decir, hasta la finalización del mandato del intendente Luciano di Nápoli.
La declaración del estado de emergencia le permite al intendente acelerar los plazos administrativos para reasignar partidas y fondos para destinar a la atención alimentaria y sanitaria.
Al prorrogar la emergencia social, el concejo autoriza al Ejecutivo a realizar de manera más eficiente la adquisición de bienes de capital, de consumo y de servicios necesarios para atender estas necesidades sociales urgentes; mientras que para atender la emergencia sanitaria se autoriza al intendente a contratar obras públicas y adquirir bienes y servicios para solucionar o prevenir problemas de salud pública sin las demoras que implican los trámites ordinarios.
Durante el tratamiento en comisión el Frente Justicialista Pampeano sacó despacho para la aprobación de ambos proyectos, pero la oposición dijo que fijaba posición en el recinto. El punto en discordia fueron las rendiciones de gastos: el oficialismo propuso que sean trimestrales, mientras que la oposición reclamó que sean bimestrales. Y no hubo acuerdo.
“Pedimos que se incluyera un artículo que dijera que en cada bimestre el departamento Ejecutivo debía remitir al concejo deliberante para su consideración las rendiciones adicionales sobre la adquisición de bienes de capital, bienes de consumo y la contratación de servicios y obras realizadas durante la emergencia, incorporando en cada caso las resoluciones respectivas, la motivación sanitaria, el proveedor contratado, los montos adjudicados y demás antecedentes vinculados. Como el oficialismo no quiso votamos en contra”, dijo a Diario Textual el concejal Diego Camargo (UCR).
