La Legislatura de La Pampa aprobó este jueves tres proyectos clave del Ejecutivo: las reestructuraciones de crédito presupuestario necesarias dentro del monto total de erogaciones fijado en la Ley de Presupuesto 2025; la Ley Impositiva 2026; y, finalmente, el Presupuesto 2026. La reestructuración fue votada por unanimidad, en tanto que la Ley Impositiva y del Presupuesto solo tuvo luz verde por parte del peronismo.
El proyecto para 2026 fue definido por el propio Gobierno como un “presupuesto de resistencia” frente a la apropiación ilegal de fondos de la coparticipación no automática, el freno en el pago de las deudas previsionales y la caída de la recaudación por la menor actividad económica.
La intención es mantener el orden financiero, sin déficit, pero con la advertencia de que habrá menos fondos que en años anteriores para sostener políticas provinciales de desarrollo económico e inversión pública.
Incluso, el Gobierno reiteró que el déficit previsional se está cubriendo con recursos de la coparticipación municipal y adelantó que, si Nación no envía fondos, podría ampliarse la detracción del 15%.
Reestructuración con rendiciones semanales
El oficialismo tenía asegurada la aprobación de estos tres proyectos enviados por el Ejecutivo, aunque con el ultravernismo marcando la cancha. Daniel Lovera, representante de Carlos Verna en la Legislatura, logró que se incorporara en el proyecto de reestructuración de partidas del Presupuesto 2025 una cláusula que obliga al Ejecutivo a informar semanalmente cada movimiento. “Refuerza los principios de transparencia y de equilibrio institucional”, argumentó en la sesión.
El legislador, en comisión, también había marcado la posición del ultravernismo sobre los fondos a los municipios: sugirió que se debería automatizar la distribución del Fondo de Desarrollo Comunal (Fodeco). No se avanzó aún con ese punto, pero dejó instalada la discusión dentro del bloque peronista.
La iniciativa, finalmente, se aprobó por unanimidad.
Ley Impositiva 2026
Por mayoría, con el voto del peronismo, se aprobó la Ley Impositiva 2026. El diputado Daniel Lovera, como informante del oficialismo, indicó que los impuestos y las valuaciones tuvieron un aumento promedio del 30%, acorde con el proceso inflacionario de 2025. “La ley atiende la capacidad impositiva, busca la formalidad económica y que el Estado provincial cumpla su rol”, sostuvo.
“En el caso del impuesto a los vehículos, hay una modificación importante en la base de cálculo, ya que, al no contar con las valuaciones de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor, las mismas se determinan en base a las evaluaciones de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). Es así que estarán exentos los vehículos del año 2014 hacia atrás, quedando comprendidos más de 19.000 vehículos. También se redefinieron los tramos de escalas para el cálculo, tomando como base las valuaciones promedio de 2025, tanto para automóviles como para camionetas, y a partir de ahí una reducción del 15% para cada tramo siguiente. Además, se ajustan los beneficios para taxis y viajantes”, explicó.
“En el caso del impuesto sobre los ingresos brutos, central en nuestro financiamiento provincial, se requiere un permanente equilibrio entre la actividad económica y la suficiencia fiscal. Se incrementan todos los mínimos un 30%, conforme a la pauta general, lo cual evita desactualizaciones”, añadió.
“Para los impuestos a los sellos, se propone un incremento general del 30% de los mínimos. Para actos de valor indeterminado, el mínimo se ajusta de $64.885 a $84.350”.
“En cuanto a los contratos de propiedad horizontal, se actualiza el importe fijo en un 62%, pasando de $9.235 a $15.000, lo que acompaña de mejor manera los costos reales de escrituración y permite sostener la función fiscal de estos actos”, manifestó.
“Se actualizan los montos de exención para adquisición, construcción o ampliación de vivienda familiar, incrementándose un 30% hasta $6.618.963, lo que mantiene la finalidad social de este beneficio en un contexto de suba de precios del sector inmobiliario. También se actualizan las exenciones para vivienda única, elevándolas un 30%, luego del incremento del 130% aplicado en 2025, llevando el valor de $3.822.140 a $4.968.782. Para los baldíos, la pauta también será del 30% y se mantiene el tratamiento diferencial para los loteos”.
“Para el inmobiliario rural, con una pauta del 30%, el devengado proyectado asciende a $24.350.161.676,10, y se actualizan las leyes 216 y 1785 en un 30%, llevando sus devengados a $193.193.555.588 y $2.800.849, respectivamente”.
“En cuanto a las tasas retributivas de servicios, se redujo el número de tasas de diversas áreas, continuando el proceso de simplificación administrativa, disminuyendo el total en más de cien”.
Por su parte, el diputado Ricardo Juan sostuvo que el bloque PRO-MID no acompañaría porque la ley significaba “más presión, más discrecionalidad y cero alivio” para los productores privados de la provincia.
Maximiliano Alliaga, de Comunidad Organizada, cargó contra el Sircreb: “Representa para el Poder Ejecutivo una recaudación de $7.200.000 a través de esa ilegal sustracción de las cuentas corrientes de los pampeanos. Algún día hay que ponerle fin: no puede ser que los ciudadanos se pongan al día y se los siga castigando”.
Hipólito Altolaguirre, en tanto, dijo que las y los diputados de la UCR tampoco acompañarían, por lo que la ley se aprobó por mayoría.
Presupuesto 2026
El gobernador Sergio Ziliotto envió a la Legislatura un proyecto de Presupuesto 2026 que asciende a $2.335.698.390.694, un 17,3% más que el Presupuesto 2025 aprobado por la Ley 3.603. Si se lo compara con el proyectado al 31 de diciembre, el incremento se ubica en torno al 27%, dado que los ingresos previstos para 2025 fueron significativamente inferiores.
Esa pauta del 27% está vinculada a las pautas macrofiscales —inflación, dólar y crecimiento del PBI— previstas en el Presupuesto Nacional 2026.
El incremento del gasto guarda correlación con los ingresos proyectados, por lo que el Presupuesto 2026 apunta al equilibrio fiscal, sin necesidad de endeudamiento.
A partir de modificaciones introducidas en la Legislatura, se incluyeron cargos para la Justicia por la creación de un juzgado en General Acha.
La diputada María Luz Alonso, del Frejupa, dijo que, por primera vez en años, la Cámara debió tratar una reestructuración “por faltantes presupuestarios” y no por excedentes.
Alonso objetó las proyecciones macroeconómicas del Gobierno nacional, que anticipan una inflación del 10,1% y un tipo de cambio de $1.423 para 2026. “¿Alguien cree sinceramente que la inflación del año que viene será un tercio de la de este año?”, preguntó. También rechazó el anunciado equilibrio fiscal al afirmar que, si se incluyen los intereses de las letras, el déficit financiero del último mes asciende al 2,3%.
La legisladora advirtió que una reforma tributaria nacional afectará de manera directa a La Pampa. “El 59% de nuestros ingresos proviene de Nación. Es inevitable que un cambio tributario modifique ese porcentaje”, dijo. A su vez, recordó que la provincia debió asumir obras que la Nación paralizó y destacó que, a diferencia de otras jurisdicciones, La Pampa no recurrió al endeudamiento para cubrir gastos corrientes.
Al describir el deterioro económico de las familias pampeanas, mencionó la suba de la mora en tarjetas de crédito, el aumento de los cheques rechazados y la caída del consumo. “El desafío del Presupuesto 2026 es garantizar el funcionamiento del Estado en un contexto de incertidumbre absoluta”, sostuvo. Cerró su intervención con un mensaje político: “Este no es el presupuesto que queremos; es el que podemos”.
En la presentación técnica, el diputado Daniel Lovera detalló que el cálculo total de recursos asciende a 2,29 billones de pesos, de los cuales el 98% corresponde a la administración central. Los recursos corrientes representan el 98% del total. Los ingresos tributarios provinciales suman 573.500 millones y explican el 25% de los recursos totales. El impuesto a los Ingresos Brutos aporta el 77% de la recaudación propia. Según Lovera, el presupuesto expresa “solvencia fiscal, una orientación social del gasto y prudencia en la inversión pública”, además de “un uso responsable del financiamiento”.
Desde la oposición, el diputado Hipólito Altolaguirre cuestionó la escala de prioridades del Ejecutivo. Señaló que el Ministerio de Obras Públicas apenas cuenta con 1.200 millones de pesos de rentas generales para rutas y que la obra pública proyectada, medida en dólares, se ubica un 12% por debajo de la de 2025. También advirtió que el aumento del 59% en transferencias a municipios se reduce al 16% en valores constantes y reclamó la falta de datos completos sobre altas y bajas de personal durante 2025. Además, criticó que el proyecto funcione como una “ley ómnibus” al incluir artículos que permiten al Ejecutivo modificar estructuras, detraer fondos coparticipables y reestructurar créditos.
La diputada Laura Trapaglia sumó reparos sobre la distribución de recursos y cuestionó que la Secretaría de Gobierno tenga un presupuesto similar al del Ministerio de la Producción. Sostuvo que la estructura enviada por el Ejecutivo “no refleja prioridades acordes al desarrollo provincial”. Su par Adriana Fonseca afirmó que el proyecto contiene “un recorte encubierto” y que muestra “un Estado sin capacidad de respuesta”.
El diputado Espartaco Marín respondió a los planteos al recordar que la Nación dejó de transferir fondos equivalentes al 20% del presupuesto provincial, unos 460 mil millones de pesos. Aseguró que ese faltante explica la ralentización de la obra pública, que pasó del 14% al 7% del total del gasto. Detalló que, aun así, el área educativa tendrá incrementos del 59% en bienes y servicios, del 60% en subsidios y transferencias y del 100% en infraestructura.
Marín defendió la decisión de cubrir con fondos provinciales el déficit previsional y planteó que los jubilados residen en todo el territorio, no solo en Santa Rosa. También subrayó que la provincia invirtió más de 20 mil millones en rutas, mientras que los corredores viales nacionales anunciados no registran avances y proyectan peajes en Lonquimay y Larroudé. En materia de vivienda, contrastó los programas provinciales Mi Casa 1, 2, 3 y 4 con los proyectos nacionales paralizados, como Procrear. “El debate puede admitir diferencias, pero los datos son los datos”, cerró Marín.
Pase a unos 300 contratados a planta
La Legislatura aprobó la incorporación a planta permanente de trabajadores y trabajadoras contratados, en el marco de un acuerdo paritario. No se cuenta aún con la cantidad exacta, pero se estima en unos 300.
“El proyecto tiene como objeto propiciar el pase a planta permanente del personal contratado de los tres poderes que cumplió con los 180 días de servicio”, explicó el peronista Daniel Lovera.
La iniciativa fue aprobada por los diputados del Frejupa y de Comunidad Organizada. En tanto, se abstuvieron el PRO y la UCR. Entre otros puntos, señalaron que el tema no se trató en comisión y que ningún funcionario asistió a dar explicaciones. Tampoco, dijeron, conocen la cantidad de incorporaciones ni el impacto económico.
“Entendemos y queremos que todos los agentes del Estado tengan estabilidad, pero necesitamos información”, argumentó el radical Hipólito Altolaguirre.
La diputada Laura Trapaglia, del PRO-MID, también justificó su abstención. “Se pretende aprobar un proyecto que no se trató, no hay listado y no se sabe a qué organismo van a ir”, dijo.
En tanto, Sandra Fonseca, de Comunidad Organizada, argumentó a favor. “Hay que darles estabilidad a los trabajadores, capacitación y profesionalización. Por eso pedimos una Escuela de Gobierno para mejorar las políticas públicas”, sostuvo.
