La diputada peronista Noelia Sosa, que responde a Carlos Verna, cumplió en la mañana de este jueves su promesa: presentó ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) un pedido para que investiguen a funcionarios de Sergio Ziliotto y a diputados opositores de la UCR y del Pro por haber avanzado, supuestamente violando la legislación, con el pliego licitatorio del área hidrocarburíferas El Medanito. De todas maneras, el mandatario provincial autorizó este jueves el llamado a licitación del área petrolera.
Sosa llegó a las 11 horas a la sede de la FIA, acompañada por los asesores legales Nicolás Comba y Alejandro Gigena. Prefirió no hablar ante la prensa.
El martes, la Comisión de Precalificación y Preadjudicación de El Medanito aprobó, por amplia mayoría, el pliego de bases y condiciones que permitió al gobernador Sergio Ziliotto avanzar con el llamado a licitación. El texto fija regalías móviles del 15% al 20%, un bono de ingreso mínimo de 50 millones de dólares (que se utilizará para hacer un parque fotovoltaico en 25 de Mayo- y una cláusula que obliga a que al menos el 80% de la mano de obra sea pampeana (con prioridad para trabajadores veinticinqueños).
La única voz disidente fue la de la diputada Noelia Sosa (Frejupa, vernista), quien votó en contra. Ningún otro integrante del cuerpo -ni del Pro ni de la UCR- acompañó sus objeciones.
La legisladora oriunda de 25 de Mayo cuestionó duramente la metodología definida por el Ejecutivo para establecer qué parte de la producción pagará regalías del 20% (producción básica) y cuál tributará el 15% (producción incremental). Según resaltó, el Pliego de Bases y Condiciones se apoya en un «método ficticio y no certificado» basado en el software Sahara, una herramienta usada para modelar escenarios teóricos pero no para medir producción real.
La diputada apuntó a la “curva básica de producción” fijada por el Ejecutivo para los 15 años de concesión, que asigna mensualmente volúmenes predeterminados de petróleo y gas que se considerarán producción básica. “El software no mide, modela. Y fue alimentado con información oscura, incompleta y alejada de la realidad productiva del área”, sostuvo.
La diputada alertó que uno de los datos decisivos cargados al modelo –las reservas certificadas al 31 de diciembre de 2024– no está disponible en la Secretaría de Energía de la Nación, pese a ser de publicación obligatoria. Tampoco figura en el data room de la licitación. “Es un dato que nadie vio, que no fue informado ni certificado”, expresó. Todas esas afirmaciones fueron luego rebatidas por los otros integrantes de la comisión.
La Comisión de Preadjudicación de El Medanito está integrada por representantes del Poder Ejecutivo provincial, del Poder Legislativo, del municipio de 25 de Mayo y de la empresa estatal Pampetrol. Está integrada por el secretario de Energía y Minería; Matías Toso; los integrantes de la Subsecretaría de Hidrocarburos y Minería, Gonzalo Sondón y Cristian Buss; la asesora letrada del Gobierno, Griselda Ostertag; el ministro de Hacienda y Finanzas, Guido Bisterfeld; la secretaria de Ambiente y Cambio Climático, Vanina Basso; el intendente de 25 de Mayo, Leonel Emanuel Monsalve Herrera; la presidenta y un director de Pampetrol, María de los Ángeles Roveda y Nicolás Romano, respectivamente; y los representantes de la Legislatura como los diputados Enrique Juan (Pro), Julián Oscar Aguilar (UCR), María Luz Alonso (Frejupa, el martes ausente, aunque nunca presentó objeciones) y Noelia Sosa (Frejupa).
Sosa prefirió no dar explicaciones sobre a quién alcanza la denuncia. Pero, en principio, la FIA no tiene competencia para investigar a los intendentes.
Decreto de Ziliotto
Ya a las 12.30, es decir una hora y media después de la denuncia de Sosa, se conoció el decreto de Ziliotto, en el que autoriza el llamado a licitación. Se fundó, entre otros considerandos, en que “fue puesto a votación el texto definitivo del Pliego de Bases y Condiciones y sus anexos resultó un consenso mayoritario en los integrantes de la Comisión, así como también respecto de las Pautas de Trabajo que establecen los pasos del proceso licitatorio una vez abierto”.
La medida habilita la convocatoria a una licitación pública nacional e internacional, con el objetivo de ampliar la capacidad productiva y garantizar el desarrollo energético de la provincia.
El texto del decreto fue refrendado por el secretario de Energía y Minería, Matías Toso, y el ministro de Hacienda y Finanzas, Guido Bisterfeld.
Las objeciones de Sosa y las réplicas de otros diputados
La diputada fundamentó su rechazo en la metodología propuesta para medir la producción básica de hidrocarburos. Según expuso, el pliego plantea utilizar el software Sahara, un sistema que -afirmó- es “totalmente manipulable” y genera proyecciones según los datos que se carguen, sin responder a estándares técnicos reconocidos.
Sosa sostuvo que el Ejecutivo “manipuló el software” e incorporó datos “oscuros e insustanciales” que no reflejan la productividad real del área. Y apuntó a un punto central: el método propuesto no está desarrollado, certificado ni reconocido por normas internacionales como instrumento válido de medición hidrocarburífera.
Para la legisladora, la utilización de este sistema implicaría una transferencia ilegal de ganancias al futuro operador y una desnaturalización del marco legal que regula la concesión. “Se violenta groseramente el texto de la ley”, advirtió.
A partir de las objeciones de Sosa, otros integrantes de la comisión le respondieron. El diputado Enrique Juan aseguró que su prioridad consiste en “garantizar mayor transparencia y mayor cantidad de oferentes”, con el fin de maximizar las propuestas “de mejor renta y beneficio” para la Provincia. Cuestionó la variable básica incremental por considerarla un mecanismo que complejiza el control de las regalías y ratificó el acompañamiento del bloque PRO-MID a la fórmula 15% + X, alineada con la política nacional. Rechazó las acusaciones de Sosa y advirtió que el peor perjuicio para los pampeanos sería demorar la licitación ante la inminencia del fin de la concesión.
La defensa técnica de Toso
El secretario de energía, Matías Toso, remarcó en esa reunión que la licitación se realiza en un contexto de modificaciones dentro de la actividad petrolera nacional. Sostuvo que el pliego no es un documento exclusivo del Ejecutivo sino un texto trabajado “con aportes de todos los actores”. Defendió al equipo técnico y afirmó que se reserva acciones penales y civiles frente a lo que consideró acusaciones infundadas.
Aseguró que no existe incumplimiento de ninguna ley y que se actuó “de buena fe”, bajo criterios técnicos debatidos colectivamente. También recordó que el dictamen de Sosa omitió la nota 151/2025, donde la secretaría fundamentó la elección del método de medición. Cuestionó que la alternativa planteada por la diputada “no se utiliza en ningún lugar para mediciones fiscales” y que posee un margen de error del 40%.
