El Gobierno nacional avanzó con un proyecto de Ley de Reforma Laboral, una iniciativa que modifica de manera integral la Ley de Contrato de Trabajo y normas complementarias. El objetivo, según el documento preliminar, es reducir la litigiosidad, promover el empleo formal y actualizar las relaciones laborales a los nuevos modelos productivos.
El borrador, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, prevé la creación de un régimen de promoción del empleo registrado. Este esquema permitiría a las empresas regularizar vínculos laborales no registrados o deficientemente registrados. Incluye la condonación de deudas previsionales, multas e intereses y la baja del repsal, siempre que se blanquee a la totalidad del personal involucrado.
Topes indemnizatorios y fondos de cese
En materia de registración, el texto propone centralizar los trámites en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (arca) y eliminar el capítulo de multas por trabajo no registrado. Sin embargo, mantiene que la falta de registración constituye una presunción favorable al trabajador en un conflicto judicial.
Uno de los ejes centrales es la modificación del régimen indemnizatorio. El documento redefine la base de cálculo, fija topes equivalentes a tres veces el salario promedio del convenio aplicable y establece un piso del 67% del salario normal y habitual. También habilita a los convenios colectivos a sustituir la indemnización tradicional por un fondo de cese laboral financiado por los empleadores.
El borrador incorpora, además, cambios en el artículo 212, vinculado a enfermedades y accidentes laborales. Ajusta los criterios de reincorporación y fija modalidades de indemnización diferenciadas según el tipo de incapacidad.
Repartidores de plataformas y negociación colectiva
Otro capítulo relevante crea un régimen especial para los repartidores de plataformas digitales, definidos como “trabajadores independientes”. El texto establece obligaciones fiscales y previsionales, pero también garantiza derechos: rechazar pedidos sin justificación y recibir explicaciones ante bloqueos de la aplicación.
Respecto de los procedimientos de crisis y la negociación colectiva, la propuesta refuerza la obligación de negociar de buena fe, incorpora sanciones para quienes entorpezcan el proceso y exige mayor transparencia en la información que las empresas deben entregar a los sindicatos.
El borrador también prevé una nueva fórmula de actualización de créditos laborales, basada en IPC más un 3% anual, y fija límites para causas en trámite a fin de evitar indemnizaciones superiores a las que resultarían del esquema previsto.
El texto incluye, además, beneficios para incentivar la contratación de nuevos empleados, con reducciones temporales en las contribuciones patronales a distintos subsistemas de la seguridad social.
El proyecto continuará bajo análisis del Ejecutivo antes de que se defina la versión final que será enviada al Congreso.
