El jury al fiscal Alejandro Sebastián Mendiara, a quien se pretende remover de su cargo por la imputación de “desorden de conducta”, sigue avanzando. Se han diligenciado pruebas requeridas por la Procuración General y la defensa, y ahora se aguardan las contestaciones de los organismos y hasta de medios de comunicación, dijeron a Diario Textual fuentes vinculadas al caso.
Ambas partes ya ofrecieron qué pruebas pretenden en el proceso. “En ese marco, se diligenciaron los oficios y resta que se agreguen las contestaciones con la información pedida”, señalaron los informantes.
El cuerpo está encabezado por el presidente del Superior Tribunal de Justicia (stj), Eduardo Fernández Mendía; y también lo integran las diputadas provinciales Silvia Larreta y Andrea Valderrama; y los abogados de la matrícula Cristian Sebastián Zaikoski, de Bernasconi, y Federico Lamelo, de Santa Rosa.
La acusación la realiza la Procuración, a través del procurador Mario Oscar Bongianino, en tanto que la defensa es ejercida por los abogados Seila Domínguez Ardohain y Rodrigo Villa.
Mendiara, fiscal general de la Tercera Circunscripción Judicial –con sede en General Acha–, tiene tres denuncias que oportunamente fueron presentadas y ratificadas: una del propio Superior Tribunal de Justicia, otra de legisladores del bloque Frente Justicialista Pampeano, y la restante de diputados de los bloques Unión Cívica Radical, pro-mid y Comunidad Organizada.
La imputación es por desorden de conducta, una causal de remoción prevista en el artículo 21, inciso 2°, de la ley 313 de Jurado de Enjuiciamiento.
Al fiscal Mendiara se lo investiga por un episodio ocurrido en la madrugada del 8 de marzo en Victorica, donde increpó a efectivos policiales durante un control a la salida de un local nocturno. Sus expresiones quedaron registradas en un video que se viralizó y generó una fuerte repercusión pública.
El stj consideró que el accionar del fiscal podría encuadrarse en la causal de “desorden de conducta” prevista por los artículos 21 inciso 2° y 23 inciso 1° de la ley 313, que habilitan su remoción en caso de inmoralidad comprobada por hechos concretos que afecten su reputación.
Mendiara negó haber estado alcoholizado y denunció una “vendetta” en su contra por parte de la Policía, debido a sus investigaciones sobre apremios ilegales. Además, enfrenta otra denuncia por presunta agresión a un menor durante un partido de fútbol en General Acha, hecho que también desmintió.
El tercer hecho por el que se lo investiga es el hostigamiento denunciado por un empleado de la Fiscalía, el abogado Rodrigo González, a quien Mendiara le habría negado el traslado a Santa Rosa. En este caso, el fiscal achense sostiene que esa derivación se produciría luego de que se designara un reemplazante.