Hay una bomba de tiempo que pone en alerta a 25 de Mayo por la posibilidad del recrudecimiento de la conflictividad social: la empresa Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR) ya empezó a avisar que, con el actual esquema de un precio del crudo por debajo de los 60 dólares, los costos operativos en alza, yacimientos maduros con producción en caída y el 35% de regalías, la situación es “dramática” para llegar al final de la concesión en mediados de 2026 del área El Medanito y analiza tener que hacer una reorganización que incluye, entre otros puntos, la posibilidad de desvincular al menos a unos 100 trabajadores. Todo este escenario cuando desde el Ejecutivo provincial están convocando a una licitación para operar el área por 25 años y reclaman regalías móviles de entre el 15% al 20%.
Según ha podido saber Diario Textual, la firma, que emplea a unos 400 operarios propios y contratados, asegura que las actuales condiciones económicas y productivas vuelven “insostenible” mantener la operatoria hasta el final de la concesión, que vence en junio de 2026, dadas las “altísimas regalías” de alrededor del 35% (dependen del valor del crudo) en ese área. Son las más elevadas del país.
PCR, que opera El Medanito desde 1992, hace un año inició un proceso de ajuste. Primero, a fines de 2024, notificó a Pampetrol, su socia por ley, que no realizaría nuevas exploraciones ni perforaría pozos debido a que ya había cumplido con sus compromisos de inversiones del contrato de concesión. Luego, en julio de 2025, otorgó licencias en modalidad stand by a 30 operarios de empresas tercerizadas, quienes quedaron en sus casas con el salario mínimo. Esas licencias vencen en 10 días.
La empresa, con sede en Comodoro Rivadavia, asegura que la situación actual es “más grave” que la de mediados de 2025 y anticipa que analiza adoptar “medidas más duras” para garantizar la continuidad operativa hasta el fin de la concesión.
La situación mantiene en alerta al poderoso Sindicato de Trabajadores Petroleros de Río Negro, Neuquén y La Pampa, al mando de Marcelo Rucci. Este año, por El Medanito, Rucci ya ha encabezado manifestaciones en 25 de Mayo e incluso en las puertas de la Legislatura y ahora se preparan para una nueva batalla.
Licitación, regalías y polémica por las indemnizaciones
El Medanito, ubicado en la zona de 25 de Mayo, es el yacimiento petrolero más importante de La Pampa: tiene unos 200 pozos activos que representan el 34% de la producción petrolera pampeana. Esta área genera nada más ni nada menos que el 10% de los ingresos para las arcas de la Provincia.
En PCR aún no confirman si competirá en la licitación, aunque en el sector petrolero dan por hecho que presentará una oferta. Por lo pronto, a fines de 2024, había explorado -sin éxito- que le dieran una prórroga por 10 años con regalías del 20%.
El eventual pago de indemnizaciones millonarias, en caso de no retener el área, aparece como un problema adicional para la compañía. En la empresa, por lo pronto, niegan que pretendan que la Provincia se haga cargo de esos costos de indemnización. Pero en la intendencia de 25 de Mayo y en Casa de Gobierno miran con desconfianza las advertencias de PCR.
Durante 2025, la discusión legislativa sobre El Medanito generó fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición. Incluso seis diputados oficialistas que responden a Carlos Verna le marcaron la cancha a Sergio Ziliotto e impusieron sus condiciones. Entre ellas, regalías que llegan al 20%, cuando la intención del Ejecutivo provincial era un número menor para tratar de que haya varios oferentes.
En las últimas semanas aparecieron más factores que pueden jugar en contra de la posibilidad de que se presenten varios oferentes: con Vaca Muerta acaparando inversiones y la producción convencional en retroceso, hay provincias vecinas, como Mendoza, que ya están pidiendo cero de regalías. Otras, como Chubut, establecieron regalías del 8%.
En septiembre, finalmente, la Cámara de Diputados autorizó al Ejecutivo a avanzar con la licitación. La semana pasada, en tanto, la Comisión de Precalificación y Preadjudicación aprobó por amplia mayoría el pliego de bases y condiciones, que fija regalías móviles del 15% al 20%, un bono de ingreso mínimo de 50 millones de dólares –destinado a un parque fotovoltaico en 25 de mayo– y la obligación de que el 80% de la mano de obra sea pampeana, con prioridad para trabajadores veinticinqueños. Unas horas después, el gobernador hizo el llamado a licitación del área.
Objeciones y denuncia
La tregua entre los ultravernistas y Ziliotto no duró mucho: la disidencia dentro de la comisión provino de la diputada Noelia Sosa (Frejupa, peronismo), oriunda de 25 de Mayo y que responde al exgobernador Carlos Verna.
Los diputados de la UCR y del Pro se comportaron como oficialistas y dieron luz verde al dictamen impulsado por el Ejecutivo. La peronista Sosa pareció de la oposición y torpedeó el voto mayoritario.
Sosa, en esa comisión, es Verna. El líder de la línea peronista Plural es quien, hace 20 años, dio un giro sobre la política petrolera pampeana: entre otros puntos, exigió mayoría de mano de obra pampeana en los yacimientos de La Pampa, creó la empresa estatal Pampetrol -que luego se convirtió en socia con al menos el 20% de la extracción y refinamiento de crudo-; incrementó la exploración y explotación de nuevas áreas; y forzó el aumento de exigencia de las regalías.
Ahora, la diputada Sosa criticó el método utilizado para definir qué parte de la producción tributará el 20% y cuál lo hará al 15%. Sostuvo que el pliego se basa en un “método ficticio y no certificado” sustentado en el software Sahara, una herramienta de modelación teórica que –según advirtió– no mide producción real. Afirmó que la decisión provocará un perjuicio al erario público.
En ese contexto, el exgobernador Carlos Verna cruzó una línea peligrosa: instruyó a Sosa a presentar una denuncia ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) para que sean investigados los integrantes de la comisión, tanto oficialistas como opositores.
La respuesta de Energía
La Secretaría de Energía y Minería respondió a mediados de noviembre con duros cuestionamientos a Sosa, por sus expresiones “prematuras e improcedentes”, cuando el pliego estaba en elaboración, y además, calificó su propuesta técnica de “inaceptable para fines fiscales” por aumentar la incertidumbre de la medición hasta el 12% y generar costos “irracionales” de hasta USD 36,7 millones que desalientan la inversión.
En ese marco, la secretaría desestimó la propuesta técnica de Sosa de utilizar caudalímetros multifásicos en cada pozo para medir la Producción Incremental (PI), en lugar del método de Curva de Producción Básica (CPB). Dijo que ese pedido de la legisladora “carece de sustento técnico, normativo y económico” porque, entre otros puntos, el uso de caudalímetros multifásicos aumenta la incertidumbre de la medición a valores de entre 8% y 12%, un margen “inaceptable para fines fiscales”, cuyas normas internacionales (API/IRAM) exigen límites de ±1,5%. También, el costo de instalar y mantener estos medidores se estima hasta en USD 36,7 millones, un gasto que “no mejora la precisión fiscal y desalienta la inversión” privada. Y finalmente, Energía defendió su método (CPB) como el “único racional” para áreas maduras, basándose en certificaciones de reservas y en el sistema de medición fiscal normado.
