El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, presentó un recurso de amparo ante la Justicia Federal, acompañado por la Comisión Nacional de Usuarios Viales (Conaduv) para detener el procedimiento de privatización y el llamado a licitación pública nacional e internacional, impulsado por el Gobierno nacional para los corredores viales y que abarca la ruta nacional 5.
Gray formalizó este amparo con medida cautelar por la inconstitucionalidad y nulidad de la resolución 1843/2025 relacionada con los tramos Sur, Atlántico, Acceso Sur y Pampa de la Red Federal de Concesiones – Etapa II, que comprende la concesión de la autopista Riccheri-Ezeiza-Cañuelas y las rutas nacionales 3, 5, 205 y 226.
La presentación fue ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 9, a cargo de Pablo Gabriel Cayssials, con la importante finalidad de solicitar la inconstitucionalidad y nulidad de la Resolución 1843/2025, relacionado con la Red Federal de Concesiones (RFC).
El jefe comunal sostuvo además que el amparo busca frenar un impacto económico directo sobre miles de bonaerenses. “Presentamos este amparo para evitar que las y los bonaerenses se vean obligados a afrontar un costo excesivo en la provisión de peajes”, dijo. Además, afirmó que ese aumento tendrá consecuencias inmediatas sobre quienes utilizan diariamente el corredor para “trabajar, estudiar, producir y transitar libremente”.
Desde el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv) se celebró y respaldó la decisión del intendente de Esteban Echevarría: “Se trata de de resguardar a los usuarios viales de los abusos que sufrirán con el plan del Gobierno nacional denominado Red Federal de Concesiones (RFC) y con el cual se pretende continuar con un régimen de ‘falso peaje’ que actúa como un impuesto al tránsito, claramente inconstitucional, injusto, e inviable y antieconómico, que generará serios perjuicios sociales y económicos afectando a los usuarios viales directos e indirectos, y a toda la sociedad en su conjunto”.
El Conaduv aclaró que un tema de importancia planteado en la acción judicial señalada, entre otros, es la falta de un Ente Regulador creado por Ley y que contemple la participación de los usuarios viales directos e indirectos.
“Se reitera la necesidad de implementar un verdadero proyecto vial libre de peaje, que contemple toda la red caminera del país, exhortando al Gobierno nacional y a quienes nos representan, a que se reasignen en forma efectiva los recursos provenientes del Impuesto a los Combustibles al objeto que le dio origen. De esta manera se puede lograr el sostenimiento y mejoramiento del Sistema Vial Argentino en condiciones óptimas de transitabilidad”, sostuvo el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial.
“Recuperar las rutas por parte del Estado, supone poner fin al ciclo más escandaloso dentro del proceso privatizador en Argentina. Debe rejerarquizarse la Dirección Nacional de Vialidad para volver a ser el organismo rector de la política vial, retomando el manejo de una herramienta estratégica en materia de precios relativos y mejoramiento de la competitividad de la economía. Es importante un proyecto de transporte multimodal (vial, ferroviario y fluvial) como política de Estado, integrado y adaptado a nuestra vasta geografía, competitivo en lo económico a nivel internacional y alejado de los mega negocios funcionales solo a unas pocas empresas o individuos”, concluyó.
