Funcionarios y técnicos del Gobierno nacional y de La Pampa aceleraron en las últimas horas los contactos y crece la expectativa de alcanzar un acuerdo por el pago del déficit previsional de las cajas jubilatorias pampeanas. Se espera que entre el lunes 15 y el martes 16, antes de la nueva audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), la administración de Javier Milei presente una oferta al Gobierno de Sergio Ziliotto.
La Provincia inició el año pasado una demanda judicial por el pago de la deuda previsional que, de acuerdo con sus estimaciones, ya asciende a 350 mil millones de pesos.
Existen varios indicios que refuerzan la hipótesis de un entendimiento en el corto plazo. En primer término, la intervención de la Corte Suprema, que presiona para evitar la continuidad del juicio o, al menos, dejarlo en suspenso mientras avanzan las negociaciones.
Además, durante este año el Estado nacional ya acordó el pago parcial de deudas previsionales con otras provincias: Córdoba, por 60 mil millones de pesos, y Entre Ríos, por 48 mil millones, en ambos casos mediante esquemas de pago en cuotas.
Otro dato relevante es que, en la última semana, Casa Rosada solicitó -con el aval del Gobierno pampeano- una prórroga de la audiencia ante la CSJN con el objetivo de profundizar las auditorías y elaborar una propuesta concreta. A esto se sumaron gestos políticos inéditos desde el inicio del actual gobierno nacional: Ziliotto mantuvo reuniones mano a mano con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y con el ministro Diego Santilli, ambos recientemente asumidos en esos cargos.
La Pampa presentó la demanda judicial el año pasado y, más recientemente, solicitó con carácter urgente una medida cautelar para que Nación cubra el déficit previsional, tal como lo establecen el Pacto Fiscal de 1999 y la ley 27.260. A partir de esa presentación, el máximo tribunal convocó a las partes para explorar una salida consensuada.
El Gobierno provincial sostiene que la administración de Milei interrumpió totalmente los aportes desde el 10 de diciembre de 2023, lo que obligó a la Provincia a utilizar recursos propios para sostener el sistema jubilatorio.
La caída de los ingresos y el incremento de las demandas sociales exponen a las finanzas provinciales a un límite que, según la gestión de Ziliotto, vuelve imprescindible alcanzar un acuerdo urgente con la Nación.