Por Norberto G. Asquini
El peronismo atraviesa uno de sus momentos más críticos desde el retorno de la democracia. La derrota electoral de 2023, el posterior desembarco del gobierno de Javier Milei y, sobre todo, el escenario político que se consolidó tras las elecciones de octubre pasado dejaron al descubierto problemas de fondo que no son nuevos, pero que hoy aparecen sin disimulo. Son conflictos que vienen de arrastre desde la última década y que explican, en buena medida, la atomización, la división y la falta de una conducción clara.
En ese contexto, 2026 debería ser un año destinado al reordenamiento político. Todo indica que será un período intenso y complejo, atravesado por una nueva avanzada del gobierno nacional y por el inicio de la configuración de la agenda electoral rumbo a 2027. El problema es que, con el nivel actual de fragmentación, resulta difícil imaginar que el peronismo pueda ofrecer una alternativa clara, competitiva y coherente frente a un oficialismo que, con aciertos y errores, avanza con una agenda definida.
A nivel nacional, la crisis de conducción es evidente. El Partido Justicialista tiene una presidenta presa, una conducción formal que no ejerce como tal y un conglomerado de gobernadores, intendentes y dirigentes que buscan despegarse, tomar distancia o, al menos, advertir que se necesita un cambio de timón. La discusión no pasa solo por nombres, sino por la redefinición de un rumbo político que hoy aparece difuso, sin una propuesta económica y de desarrollo que vuelva a interpelar con claridad a los sectores populares.
Las tensiones internas se expresan en todos los planos. En la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof inició un proceso de diferenciación de la influencia directa de La Cámpora, aunque ese camino tampoco resulta sencillo. El peronismo sigue, en buena medida, encorsetado en un kirchnerismo que no tolera desvíos ni aventuras por fuera de su línea histórica y que continúa mirando al AMBA como centro excluyente de la construcción política, en detrimento de una mirada verdaderamente federal.
Esa falta de federalismo se reflejó con claridad en el rol de los gobernadores, que esta semana se reunieron en la Casa de La Pampa para intentar construir una posición común frente al gobierno nacional. Allí apareció una demanda compartida: mayor respeto por las provincias y una agenda que contemple las realidades del interior. Es una señal política que marca diferencias con la lógica centralista, aunque todavía lejos de traducirse en una conducción nacional alternativa.
En el Congreso, la crisis adopta rasgos aún más visibles. Hay peronistas que directamente rompieron filas, como los tucumanos que conformaron un bloque propio o votan alineados con el oficialismo libertario. Conviven en el bloque peronista una masa crítica de legisladores kirchneristas aferrados a un libreto que hoy luce agotado y un grupo de diputados y senadores que responden a los gobernadores, con una mirada más pragmática y federal. El resultado es un peronismo parlamentario sin síntesis política.
Este escenario confirma, de manera cruda, la inversión del viejo lema peronista. Hoy parecen primar los hombres y los intereses sectoriales por sobre el movimiento y la patria. La consecuencia es un peronismo sin rumbo, atrapado en disputas internas, mientras el gobierno nacional avanza y redefine el tablero político.
Esa crisis nacional repercute, inevitablemente, en los peronismos provinciales. En La Pampa, aunque el nivel de unidad es mayor que en otras jurisdicciones y el eje kirchnerismo o antikirchnerismo no tiene la misma fuerza, el problema también existe. De cara a 2026, todo indica que habrá más peronistas que peronismo, en una provincia que además deberá empezar a discutir la sucesión del gobernador Sergio Ziliotto.
Por ahora, el mandatario no bajó línea ni promovió de manera explícita un sector propio. Sin embargo, desde el oficialismo provincial comenzaron a aparecer señales de continuidad. Esta semana, el senador Daniel Pablo Bensusán dejó trascender que podría estar entre los posibles candidatos a gobernador apoyado en el oficialismo provincial.
En paralelo, el intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, construye su propio perfil, con una estrategia de diferenciación del gobierno provincial, mientras apoya su proyección en el embellecimiento de la capital.
A ese escenario se suma el accionar de sectores internos que no buscan diferenciarse, sino confrontar abiertamente con el gobierno provincial buscando presionar hacia el 2027. El denominado “club del daño” tiene su expresión en cierto vernismo legislativo donde aparecen como ejemplos claros, con denuncias y movimientos políticos que terminan debilitando al oficialismo en momentos de fuerte presión libertaria. Esta semana, un posteo del ex gobernador Carlos Verna contra el diputado nacional Abelardo Ferrán por un cartel con la consigna “Cristina libre” –colocado no por el legislador sino por la bancada- expuso esas tensiones. El ataque tuvo una dimensión personal del ex mandatario hacia Ferrán, pero también política, al intentar vincular al gobierno provincial con un kirchnerismo que en La Pampa hoy es minoritario y del cual el propio Ejecutivo buscó siempre diferenciarse.
Esa estrategia no solo profundiza divisiones internas, sino que además alimenta el discurso libertario, que utiliza esas grietas para golpear al gobierno provincial. En una provincia donde el peronismo todavía conserva niveles de cohesión superiores al promedio nacional, el riesgo no es una ruptura inmediata, sino la proliferación de juegos individuales que debilitan cualquier proyecto colectivo.
El desafío es complejo. Si el peronismo no logra ordenarse, redefinir su rumbo y construir consensos mínimos en 2026, difícilmente pueda llegar competitivo a 2027. Hoy hay muchos peronistas. Lo que falta, cada vez más, es peronismo.
