Tras la sanción del Presupuesto 2026, comenzaron a presentarse los primeros amparos judiciales en el país contra el recorte a la educación técnico-profesional, una medida que en La Pampa afectará a 50 instituciones -entre escuelas de educación técnica, escuelas de educación agrotécnica y centros de formación profesional- y 10 mil alumnos.
El eje del conflicto es el artículo 30 de la ley, que elimina el fondo obligatorio para la educación técnica y deroga el esquema de financiamiento equitativo establecido por la Ley 26.058.
En las últimas horas, padres de dos estudiantes presentaron una demanda ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Tributario N.º 11 de la Ciudad de Buenos Aires. El recurso cuestiona la legalidad del artículo aprobado y advierte sobre la vulneración de derechos educativos consagrados en leyes de carácter permanente, que no deberían ser modificadas por una norma presupuestaria anual.
De acuerdo con los denunciantes, el recorte presupuestario alcanza el 93% en relación con valores equivalentes a los de 2023. La normativa derogada establecía una inversión mínima del 0,2% de los ingresos corrientes del Estado, lo que en la actualidad representaría alrededor de 322 mil millones de pesos. Sin embargo, el Presupuesto 2026 asignó apenas 11 mil millones, una cifra considerada insuficiente incluso para sostener el funcionamiento básico del sistema.
El amparo también sostiene que el recorte contradice otras normas vigentes, como la Ley de Educación Nacional y la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, que reconocen a la formación técnica como un pilar para el desarrollo científico, tecnológico e industrial del país. En ese sentido, advierte que la decisión presupuestaria compromete políticas de largo plazo.
En La Pampa el impacto será devastador, según dijeron desde la Asociación de Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet). En la provincia hay 10 escuelas de educación técnica, 6 escuelas de educación agrotécnica y 22 centros de formación profesional en oficios, más los institutos superiores técnicos. Son alrededor de 50 instituciones técnicas. El dinero del fondo especial se utiliza para reparación edicilia, infraestructura, capacitación y actualización docente, adquisición de maquinaria y herramientas.
En escuelas técnicas de nivel secundario hay 5 mil alumnos y otros 4 mil que pasan por formación profesional, que es una modalidad muy importante y demandada porque se forma en oficios para una inserción rápida en el mercado laboral.
“Sin esos fondos no podemos proyectar, ni prever las compras. La Provincia se viene haciendo cargo, pero tiene muchas cosas que atender que dejó de hacer el Gobierno nacional. En definitiva, no podremos solventar la capacitación docente, ni la compra de máquinas, que son costosas y las escuelas no pueden afrontar. Tampoco podremos comprar los insumos para los talleres”, advirtió el secretario general de Amet Cristian Paulino.
