El Gobierno de La Pampa está garantizando con fondos propios la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), a cinco años de su sanción y en medio del desfinanciamiento del Gobierno nacional: en el año 2025 se hicieron en la provincia unas 600 interrupciones voluntarias de embarazo (IVE) y 50 de interrupciones legales (ILE).
Natalia Urbansky, referente de salud sexual reproductiva y no reproductiva del Ministerio de Salud, confirmó a Diario Textual que estos datos son preliminares y que son los números recibidos hasta el momento desde los distintos centros de salud que realizan esta práctica.
“Durante el 2024 y 2025, la Provincia sostuvo la atención de los abortos en su totalidad. Si bien Nación no derogó la ley, sí la desfinanció completamente. Y el Gobierno de La Pampa que antes que no compraba medicación para abortos comenzó a hacerlo y sostuvo los números y la práctica de la misma manera que Nación financiaba lo que determinaba la ley”, expresó la referente de salud sexual.
Urbansky remarcó que esto implica una inversión importante porque la medicación es costosa y también se sostuvieron las capacitaciones que el Gobierno nacional dejó de hacer. “El año pasado en 25 de Mayo se hizo una capacitación importante en ecografías para interrupciones voluntarias en primer nivel con una asistencia numerosa de profesionales”, dijo a Diario Textual.
Además, recordó que el Gobierno provincial, el año pasado, estuvo presente en el primer congreso de aborto en el país. “Se participó en una de las mesas centrales acerca de las políticas públicas que se aplican en La Pampa y la relación entre el Ministerio de Salud y las organizaciones civiles que se abocan al tema como el Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, como una experiencia única en el país”, añadió.
Compra de anticonceptivos
La referente del Ministerio de Salud afirmó que muchas provincias están muy complicadas como la provisión de medicamentos y la canasta de anticonceptivos en general. “En La Pampa se sigue sosteniendo la compra de anticonceptivos de larga duración, que son los que preferimos, porque si bien es una inversión mayor pero también asegura una mejor salud sexual para las mujeres. Es una política pública a destacar y no pasa en otras partes del país”, destacó.
La ley 27.610 y lo que implica
La norma aprobada a fines de 2020 por el Congreso nacional reconoce el derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo para mujeres y otras personas gestantes en todo el territorio nacional, de forma gratuita y en todos los sistemas de salud: público, obras sociales y prepagas.
La interrupción voluntaria del embarazo (IVE) es el derecho a decidir y acceder a la interrupción del embarazo hasta la semana catorce (14), inclusive, del proceso gestacional.
Después de ese plazo, se puede acceder a la interrupción legal del embarazo, en las siguientes situaciones:
-Si el embarazo es producto de una violación.
-Si el embarazo pone en peligro la vida o la salud de la persona gestante. La salud es comprendida como un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades (OMS, 2014).
Para acceder a la práctica alcanza con la sola expresión de voluntad y la firma del consentimiento informado, un documento a través del cual la persona, después de recibir toda la información disponible, manifiesta haber decidido en forma independiente, libre de influencias y presiones y conociendo todas las posibilidades y riesgos, interrumpir el embarazo. El consentimiento informado es personal, y nadie puede ser sustituido en el ejercicio de este derecho.
Además, el plazo máximo para acceder a la IVE es de 10 días corridos desde su solicitud.