En una jugada política que sacude el tablero migratorio europeo, el Gobierno de España, encabezado por Pedro Sánchez, se prepara para aprobar este martes un real decreto que permitirá regularizar la situación de unos 500.000 inmigrantes indocumentados. La medida no requerirá la aprobación del Parlamento español.
La decisión tendrá impacto directo en miles de argentinos que emigraron en el último tiempo y permanecen en situación irregular, ya que podrán blanquear su residencia y su empleo de manera casi inmediata.
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, en base a datos difundidos por medios locales, el acuerdo fue cerrado este lunes entre el oficialista PSOE y el partido de izquierda Podemos. La iniciativa alcanzará a los extranjeros que se encuentren en territorio español desde antes del 31 de diciembre de 2025 y que acrediten una permanencia mínima de cinco meses.
Requisitos flexibles y trámite simplificado
La normativa apunta a reducir las trabas burocráticas que históricamente dificultaron este tipo de regularizaciones. Para demostrar la estadía, se aceptará el empadronamiento municipal, aunque también serán válidos otros documentos, como informes médicos, contratos de servicios (luz o gas) o comprobantes de envío de dinero.
La sola presentación de la solicitud generará efectos inmediatos: la admisión a trámite otorgará una autorización provisional de residencia y trabajo por un año, se suspenderán automáticamente los procesos de retorno y las órdenes de expulsión por causas administrativas y, una vez cumplido ese plazo, los beneficiarios podrán acceder a una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.
Impacto en la comunidad argentina
La amnistía administrativa se produce en un contexto de creciente migración desde el Cono Sur. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, la población argentina en España alcanzó un récord de 415.987 personas registradas en 2024.
Si bien la mayoría reside de forma legal, existe un segmento que permanece en la irregularidad y que ahora podrá regularizar su situación laboral y social. Según el centro de análisis Funcas, la inmigración irregular en España asciende a unas 840.000 personas, de las cuales el 91 % corresponde a ciudadanos de países latinoamericanos, principalmente de Colombia, Perú y Honduras.
Rechazo político y críticas opositoras
La utilización del real decreto para avanzar sin debate parlamentario generó un fuerte rechazo de la oposición de derecha. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, calificó la política migratoria del Ejecutivo como “disparatada” y acusó al Gobierno de intentar “desviar la atención” tras la reciente tragedia ferroviaria.
En la misma línea, el titular del partido ultraderechista Vox, Santiago Abascal, fue aún más duro y tildó de “tirano” al presidente español. Aseguró que la medida promueve una “invasión” y afirmó que Sánchez “odia al pueblo español y quiere sustituirlo”.