El constitucionalista Andrés Gil Domínguez dijo que “no hay ninguna necesidad acuciante de bajar la edad de imputabilidad” como pretende el Gobierno de Javier Milei y advirtió que si ello se concreta “sería algo más regresivo incluso que lo que estableció Videla durante la dictadura”.
Esta semana se conoció que el Gobierno incluyó en el temario de sesiones extraordinarias el proyecto de ley Penal Juvenil, que busca la baja de la edad de imputabilidad de quienes cometen delitos. En la Argentina, la edad de imputabilidad penal es de 16 años y la gestión libertaria apunta a bajarla a 14.
Para Gil Domínguez ssería un grave retroceso en materia de derechos humanos. “No hay ninguna necesidad acuciante de bajar la edad”, dijo. “Si uno revisa los datos de la provincia de Buenos Aires, que es el distrito más complejo, los delitos cometidos por personas menores de 16 años representan entre el 1,5 y el 2 por ciento del total, y en un 85 por ciento son delitos contra la propiedad, no contra la vida”, fundamentó.
Subrayó que los organismos internacionales ya se pronunciaron sobre este punto. ”El Comité de los Derechos del Niño le ha dicho al Estado argentino que bajar la edad de responsabilidad penal sería regresivo y violaría los derechos del niño, incluso a los Estados que fijaron la edad en 12 años se les ha pedido que la eleven a 14 o 16”, recordó.
“Nadie explica qué pasa cuando un niño de hasta 14 años entra en conflicto con la ley penal. En ese segmento etario no hay respuestas”, dijo. “Sería algo más regresivo incluso que lo que estableció Videla durante la dictadura”, alertó.
“El régimen penal que hoy rige fue sancionado por Videla durante la dictadura”, dijo, y remarcó que “la democracia tiene una deuda pendiente: contar con un régimen penal juvenil acorde a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos”.
Cuestionó la discrecionalidad que introduciría la iniciativa. “Se establece que adolescentes que cometan delitos entre los 13 y los 15 años queden sujetos a la decisión de un fiscal o un juez para determinar si van a prisión efectiva o a una pena alternativa, cuando los bienes jurídicos afectados y las escalas penales son muy distintas”, explicó.
Esto, a criterio del Gil Domínguez, implicaría una enorme erogación de recursos provinciales y nacionales para montar un aparato represivo sobre jóvenes, en un país donde no hay recursos para personas con discapacidad.
“Estamos viviendo una forma de ejercicio del poder totalmente autocrática, donde el derecho se construye según la voluntad del gobierno”, dijo. “Lo que dice la Constitución o los tratados de derechos humanos no le interesa ni al gobierno, que crea su propio derecho, ni a una parte importante de la sociedad que acompaña este proceso”, indicó.
“Cuando se den cuenta del desastre que produce esto, va a ser tarde”, cerró.