Los gobiernos de Río Negro, Chubut, La Pampa, Neuquén y Santa Cruz solicitaron este martes al Congreso que trate con carácter “urgente” la ley de Emergencia Ígnea en el marco de las sesiones extraordinarias. La declaración de la emergencia es un instrumento legal para mandar fondos sin límite para combatir los incendios. La duda es si aun con la declaración de emergencia, Casa Rosada bajará la ayuda: la administración de Javier Milei viene retaceando fondos y ha desfinanciado el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF).
La iniciativa se analizó hoy durante un encuentro virtual, en el que La Pampa estuvo representada por el ministro de Seguridad, Horacio di Nápoli, en el que se reconoció la gravedad de los incendios forestales y rurales que afectan a vastas regiones del país y planteó la necesidad de una respuesta integral, coordinada y urgente del Estado nacional, en articulación con los gobiernos provinciales y municipales, para mitigar los daños ambientales, sociales y productivos ocasionados por el fuego.
“La Pampa dejó en claro la importancia del trabajo conjunto entre provincias, más allá de las pertenencias políticas, y subrayó la necesidad de contar con un Estado nacional que, coordinado con los estados provinciales, garantice recursos, planificación y respuestas eficaces ante emergencias climáticas y ambientales cada vez más frecuentes”, comunicaron desde Casa de Gobierno.
Adhesión de legisladores nacionales del PJ
“El Gobierno de La Pampa valora y acompaña la adhesión y el respaldo de los legisladores nacionales del Partido Justicialista, tanto diputados como senadores, quienes han manifestado su apoyo a esta iniciativa en el Congreso de la Nación, reafirmando el compromiso con la defensa de las provincias afectadas y con una política federal de gestión del riesgo”, dijeron en un comunicado de prensa.
“Asimismo, reitera su compromiso con la protección del ambiente, la seguridad de sus habitantes y la reconstrucción de las zonas afectadas, y reafirma la importancia de fortalecer las políticas públicas de prevención y respuesta ante incendios forestales en todo el país”, expresaron.
El proyecto
El proyecto declara la emergencia ígnea en los términos previstos por la legislación vigente y establece la declaración de zona de desastre para los territorios afectados, habilitando así el uso de herramientas excepcionales para la gestión del riesgo, la protección civil y la asistencia a las comunidades damnificadas.
Asimismo, autoriza a la Agencia Federal de Emergencias -o al organismo que en el futuro la reemplace- a disponer de los recursos presupuestarios necesarios para la prevención y combate de incendios forestales y rurales; la atención, mitigación y recomposición de los daños sufridos por personas, familias y bienes afectados; el apoyo y la asistencia a las provincias y municipios alcanzados por la emergencia y la ejecución de todas las acciones previstas en el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil.
Estas medidas se implementarán respetando los protocolos del Plan Nacional de Manejo del Fuego y en coordinación permanente con las jurisdicciones involucradas.
En esta temporada de incendios, se quemaron al menos 168.000 hectáreas en La Pampa -una cifra que puede parecer impactante, pero que se encuentra sensiblemente por debajo del promedio anual-, 45.000 en Chubut, 6.000 en Neuquén, además de 10.000 en Río Negro y 700 en Santa Cruz, lo que eleva el total regional a casi 230.000 hectáreas afectadas.
Por el recorte de Nación al combate del fuego, hay provincias que ya dicen que no tienen recursos para hacer frente al desastre.
Subrayaron que la magnitud de los incendios y el impacto de la crisis climática en la Patagonia requieren recursos y herramientas extraordinarias, tanto para el combate del fuego como para la asistencia a las comunidades afectadas y la recuperación ambiental y productiva de las zonas damnificadas.
Más allá de algunas promesas y créditos del Banco Nación, desde que se iniciaron los incendios no hubo ninguna medida especial de Nación para destinar fondos a las zonas afectadas. Lo único girado hasta ahora es a través de la Agencia Federal de Emergencias que depende del Ministerio de Seguridad, pero a cuentagotas.
Además, en el Presupuesto 2026, Milei recortó un 78% en términos reales los fondos para el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que para peor ya venía subejecutado.