El gobernador Sergio Ziliotto defendió el pedido para declarar la emergencia ígnea a nivel nacional, con el objetivo de que el Gobierno de Javier Milei envíe recursos para prevenir y combatir los incendios que ya arrasaron unas 250 mil hectáreas en la Patagonia.
“Proteger nuestros recursos naturales debe ser una cuestión y una política de Estado. Y la acción para hacerla realidad será el trabajo articulado, más allá de las ideologías y de las competencias jurisdiccionales de cada gestión de gobierno”, manifestó el mandatario.
Ziliotto sostuvo que La Pampa forma parte del proyecto para declarar la emergencia ígnea junto a Chubut, Río Negro y Neuquén, en el marco de la Ley 27.287, como respuesta conjunta ante los incendios que afectan a las comunidades, la producción y el ambiente. Según explicó, la iniciativa permite coordinar acciones de prevención, combate del fuego, asistencia y recomposición en las zonas afectadas, con apoyo a provincias y municipios.
“El federalismo se construye así: provincias hermanas trabajando juntas para cuidar a su gente y su territorio, con el acompañamiento imprescindible del Gobierno nacional”, afirmó.
Los gobiernos de Río Negro, Chubut, La Pampa, Neuquén y Santa Cruz solicitaron este martes al Congreso que trate con carácter urgente la ley de Emergencia Ígnea durante el período de sesiones extraordinarias.
La declaración de la emergencia es un instrumento legal que habilita el envío de fondos sin límite para combatir los incendios. No obstante, persisten dudas sobre si, aun con la emergencia declarada, la Casa Rosada girará la ayuda: la administración de Javier Milei viene retaceando recursos y ha desfinanciado el Servicio Nacional de Manejo del Fuego.
La iniciativa fue analizada durante un encuentro virtual realizado este martes, en el que La Pampa estuvo representada por el ministro de Seguridad, Horacio di Nápoli. En esa reunión se reconoció la gravedad de los incendios forestales y rurales que afectan a vastas regiones del país y se planteó la necesidad de una respuesta integral, coordinada y urgente del Estado nacional, en articulación con los gobiernos provinciales y municipales, para mitigar los daños ambientales, sociales y productivos ocasionados por el fuego.
El proyecto declara la emergencia ígnea en los términos previstos por la legislación vigente y establece la declaración de zona de desastre para los territorios afectados, habilitando el uso de herramientas excepcionales para la gestión del riesgo, la protección civil y la asistencia a las comunidades damnificadas.
Asimismo, autoriza a la Agencia Federal de Emergencias -o al organismo que en el futuro la reemplace- a disponer de los recursos presupuestarios necesarios para la prevención y combate de incendios forestales y rurales; la atención, mitigación y recomposición de los daños sufridos por personas, familias y bienes afectados; el apoyo y la asistencia a las provincias y municipios alcanzados por la emergencia, y la ejecución de todas las acciones previstas en el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil.
