El Gobierno provincial ya avisó que no podrá salir a auxiliar a las clínicas y sanatorios privados de La Pampa que, por una deuda de unos 800 millones de pesos que tiene la obra social Pami, no han podido pagar en término los salarios de médicos, enfermeros y otros trabajadores. “La Provincia no puede ni saldrá a auxiliar a las clínicas por la deuda que tiene Nación a través del Pami”, dijeron fuentes oficiales a Diario Textual.
En Casa de Gobierno, en primer lugar, se vieron “sorprendidos” por la deuda y, en segundo lugar, por el pedido de auxilio. “No vamos a asistirlos desde el Estado provincial por reclamos de salarios del sector privado”, agregaron.
Además, resaltaron, el sistema de Salud pública de La Pampa ya está soportando un costo adicional: entre otros puntos, mencionaron la migración de familias desde clínicas privadas hacia hospitales públicos porque ya no pueden pagar sus prepagas; la mayor atención a jubilados y jubiladas que el Pami directamente no atiende; y los medicamentos que la obra social dejó de cubrir.
La millonaria deuda afecta, en la capital, al Sanatorio Santa Rosa, al Polymedic y la Clínica Modelo, y en General Pico a la Clínica Regional y a la Clínica Argentina.
Los trabajadores de las algunas de esas clínicas privadas de La Pampa continúan sin cobrar los sueldos de enero en tiempo y forma porque el Gobierno nacional, a través del Pami, no pagó las prestaciones realizadas y tampoco brindó una fecha cierta de cancelación de la deuda.
Frente a ese escenario, la conducción del sanatorio realizó gestiones directas ante Pami Central y solicitó auxilio financiero al Gobierno de La Pampa. Desde la Provincia la respuesta se conoció hoy.
Según informaron las autoridades del sanatorio a su personal, desde Pami Central les comunicaron que el pago recién podría concretarse la semana próxima, con una fecha estimativa del 12 de febrero, pero “sin certezas”. En paralelo, explicaron que se avanzó en gestiones ante la Provincia para intentar cubrir los salarios, aunque el margen de asistencia hoy es limitado por la falta de transferencias nacionales.
Los prestadores mantienen la advertencia de que, si no hay una respuesta concreta, a partir del 10 de febrero podrían comenzar a suspender prestaciones ambulatorias y cirugías programadas, manteniendo solo las urgencias mientras haya recursos disponibles.
Un escenario que, de sostenerse, impactará no solo en los trabajadores de la salud, sino también en miles de afiliados al Pami que dependen de la atención en el sector privado.
Los prestadores señalaron que la situación económico-financiera de las instituciones es “sumamente crítica” y que este escenario es consecuencia directa de una “depreciación sostenida de los valores arancelarios” y un marcado atraso en los pagos, problemática que se ha agudizado considerablemente durante los últimos dos meses.
El impacto de estos retrasos es determinante para la subsistencia de las clínicas, dado que la participación del Pami en los ingresos totales de estas instituciones representa, en promedio, el 40%. En un contexto de estructuras económicas ajustadas, las autoridades sanitarias remarcaron que “cualquier demora en los pagos genera desequilibrios de muy difícil resolución” para las empresas.