Las clínicas y sanatorios privados de La Pampa y otras provincias patagónicas comenzaron este martes un corte progresivo de prestaciones a afiliados de la obra social Pami, debido a la falta de pago y al atraso en la actualización de aranceles. En el caso de los centros de salud pampeanos, la obra social nacional mantiene una deuda estimada en 800 millones de pesos, según plantearon los prestadores. De todos modos, las instituciones aclararon que mantienen la atención de urgencias y de dolencias o cirugías complejas. Dejaron de atender consultorios, cirugías programadas y otras prestaciones ambulatorias que puedan reprogramarse.
La semana pasada clínicas, sanatorios y hospitales privados de distintas provincias patagónicas habían elevado una nota formal al director del Pami, Esteban Leguizamo, en la que advirtieron que suspenderían prestaciones a partir de este martes 10 si no recibían respuestas por la deuda y por los aranceles.
En La Pampa, la nota fue acompañada por la Clínica Argentina y la Clínica Regional, de General Pico, y el Sanatorio Santa Rosa y la Clínica Modelo, de la capital provincial. A ese reclamo se sumaron prestadores de Río Negro, Neuquén y Chubut.
Los centros de salud señalaron que la situación económico-financiera es “sumamente crítica” y que el escenario es consecuencia directa de una depreciación sostenida de los valores arancelarios y de un marcado atraso en los pagos, un problema que, afirmaron, se agravó en los últimos dos meses.
También advirtieron que el Pami representa, en promedio, el 40% de los ingresos totales de estas instituciones, por lo que la demora en los pagos impacta de forma directa en su funcionamiento.
Uno de los puntos centrales del reclamo es la imposibilidad de afrontar obligaciones laborales. Los prestadores explicaron que dependen del cobro de los módulos de Nivel II y III para pagar salarios, que históricamente se abonan el último día hábil de cada mes. En ese marco, remarcaron que el atraso de la obra social, en muchos casos, implica “la imposibilidad material de abonar los haberes”.
Además, indicaron que existe un atraso de un mes en el pago de prestaciones ambulatorias y que los módulos perdieron valor real frente a la inflación.
Finalmente, los prestadores exigieron tres medidas: la regularización inmediata de la deuda, una reunión urgente para acordar soluciones que garanticen la sustentabilidad del sistema y la reactivación de una mesa técnica para adecuar los aranceles.