La historia de dos chicas de 12 y 15 años, que fueron subidas en una calle de Santa Rosa a una camioneta y trasladadas a la colonia menonita Nueva Esperanza, sumó un nuevo capítulo: crece la duda sobre por qué, frente a la denuncia que hizo en la Policía una mujer que había sido brutalmente golpeada y amenazada de muerte, una fiscal de General Acha no exigió, en forma inmediata, medidas de protección. Entre esas medidas, se encontraba la posibilidad de dictar una restricción de acercamiento del agresor hacia sus hijas.
María Unger Reimer, de 34 años, fue la primera mujer en escapar de la colonia, en 2019, luego de sufrir violencia por parte de su entonces esposo. En esa oportunidad tuvo que dejar a sus dos hijas, hoy de 15 y 12 años. Se fue en colectivo, sin dinero, a Tucumán, donde consiguió trabajo, formó una nueva familia y tuvo una nena, hoy de 5 años.
Luego regresó por sus dos hijas, que habían quedado en la colonia, y logró llevarlas a Tucumán. La mayor, hoy de 15 años, estuvo tres años en el norte argentino: cursó la primaria e incluso hizo el primer año de la secundaria, pero luego volvió a Guatraché.
El fin de semana pasado, María condujo su auto desde Tucumán hasta Santa Rosa, para visitar a su madre enferma, internada en el Hospital Favaloro. Se alojó en un departamento de alquiler temporario, frente al centro de salud. Después decidió ir hasta la colonia, cuando su hija de 12 años le pidió visitar a su padre y a su hermana de 15.
Allí se desató otra vez el infierno: el domingo 8, cerca de las 20 horas, María fue golpeada brutalmente por su ex. Según relató, el hombre también amenazó con matar a las chicas.
La mujer logró que la Policía de Guatraché fuera hasta la colonia. Luego se retiró con sus tres nenas hacia el hospital de la localidad. Estuvo un día internada, realizó dos denuncias en la comisaría y se volvió a Santa Rosa.
Ya en la capital pampeana, este lunes 9, apareció en una camioneta el ex junto a otros integrantes de la colonia y se llevaron a las dos chicas de 12 y 15 años. De la vereda, frente al departamento donde estaba María.
Alertada, la mujer hizo la denuncia en la Unidad Funcional de Género de Santa Rosa. Los hombres, con las chicas, fueron demorados en la ruta 1, en cercanías de Miguel Riglos. Asistentes sociales de la municipalidad del pueblo entrevistaron a las menores.
Poco después, pese a que existía una denuncia por un supuesto secuestro, pudieron continuar viaje hasta la colonia. María aún no logra entender cómo las autoridades judiciales tomaron esa decisión.
La actuación judicial quedó bajo cuestionamiento, debido a que el traslado de las chicas desde Santa Rosa podría haberse evitado con una orden de restricción.
Según lo explicado por las autoridades, no se avanzó con esa medida porque, en su denuncia policial, María había dicho que el lunes 9 o el martes 10 se iba a volver a Tucumán, por lo que no se consideraba necesaria una restricción de acercamiento hacia ella y las chicas. Precisamente ese lunes se produjo el “secuestro”.
Por lo pronto, María ya pidió formalmente la restitución de las chicas y medidas de protección ante el Juzgado de Familia de General Acha, a cargo de Fernanda de la Iglesia. Entre otros puntos, reiteró que sus hijas son víctimas de amenazas.