La posibilidad de que la Legislatura pampeana autorice al Ejecutivo para que se avance con una asignación directa del área hidrocarburífera El Medanito a la empresa estatal Pampetrol abrió un nuevo foco de controversia: hay dirigentes opositores que se preguntan cómo es que la petrolera pampeana podría quedarse con el área pese a que no cuenta con el Certificado Ambiental, un requisito que se utilizó como argumento central para excluir a Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR) del reciente proceso licitatorio. En el peronismo dicen a Diario Textual que puede ser habilitada y dan sus argumentos.
El eje del debate está en la Ley Provincial 2675 de Hidrocarburos, que establece en su artículo 16 que no podrán ser beneficiarias de permisos, concesiones o contratos las empresas estatales, privadas o mixtas que no cuenten con un Libre Deuda Ambiental, expedido por la Secretaría de Ambiente de La Pampa. En ese marco, se advierten desde sectores de la oposición que si la Provincia le asignara el área a Pampetrol sin ese certificado, podría incurrir en una violación directa de su propia norma.
El planteo tiene un dato clave: Pampetrol integra con el 20% la unión transitoria con Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR), que actualmente opera El Medanito. Según ese criterio, la estatal debería quedar alcanzada por los mismos cuestionamientos ambientales aplicados a PCR. Esta empresa es la que quiso participar de la licitación -que luego fue declarada desierta-, pero no pudo porque no le dieron ese certificado: es que tiene pasivos ambientales sin remediar. En rigor, reconocen operadores y hasta funcionarios, cualquiera de las actuales operadoras de áreas petroleras en La Pampa queda vetada por la Ley 2675 a todas las licitaciones porque sí o sí va a tener pasivos ambientales, aunque sean menores, hasta el último día de su concesión.
No son pocos los que advierten que, si se otorgara el Libre Deuda Ambiental o una excepción a Pampetrol, la decisión podría interpretarse como arbitraria y discriminatoria, por aplicar un criterio restrictivo a una empresa privada y uno más flexible a la estatal.
Hay, en principio, dos “bibliotecas” sobre este conflicto. En principio, el peronismo considera que Pampetrol puede ser autorizada a operar el área pese a carecer de ese certificado. Tienen, principalmente, dos argumentos: a) el certificado ambiental es exigido para la concesión de explotación, permiso de explotación y contrato de 25 años o sus prórrogas, pero no rige para los operadores y otros contratos sobre el área; b) y la Legislatura, con el voto de la mayoría especial, podrían hacer una excepción. Y sostienen que esa ley, que eventualmente aprueben, está por encima de la legislación general.
Esa posición, en rigor, no es solo del peronismo: Diario Textual pudo saber que es, incluso, compartida por algunos dirigentes opositores. De todas maneras, la mayoría de los opositores está en la vereda de enfrente y considera que Pampetrol, sin certificado ambiental, no puede operar El Medanito.
Dudas sobre solvencia y licitación
Hay más dudas. En los pasillos de la Legislatura sostienen que Pampetrol no acreditaría capacidad técnica y financiera suficiente, tal como exige la ley nacional 17.319. La norma establece que los titulares de concesiones deben contar con solvencia y capacidad adecuadas para ejecutar las tareas inherentes a la explotación.
En ese sentido, se remarca que, para hacerse cargo de un área como El Medanito, Pampetrol debería demostrar patrimonio neto mínimo e indicadores de liquidez y solvencia equivalentes a los exigidos a los oferentes en la licitación. Por lo pronto, en el proyecto de ley del oficialismo se autoriza a Pampetrol a tomar créditos destinados a capital de trabajo, por un monto equivalente a una facturación mensual del área.
El texto establece que no habrá exploración en esta etapa, sino inversiones mínimas para garantizar la operación de los pozos actuales, la continuidad de los puestos de trabajo y el cuidado del ambiente.
El Medanito es el principal yacimiento hidrocarburífero de la provincia: cuenta con alrededor de 200 pozos activos, aporta el 34% de la producción pampeana y representa cerca del 10% de los ingresos fiscales provinciales.
PCR opera esa área desde 1992. En 2016 consiguió una prórroga por 10 años, con regalías que rondan el 35% (depende del precio del crudo) y una asociación del 20% por parte de la estatal Pampetrol. El contrato vence el 18 de junio de este año.
La oposición no acompaña
El oficialismo busca acelerar una salida, luego del fracaso de la reciente licitación, pero en la Legislatura la iniciativa se encuentra trabada: ninguno de los 15 diputados opositores de la UCR, el Pro y Comunidad Organizada está dispuesto, por el momento, a votar el proyecto de ley para que Pampetrol se haga cargo del área desde el 19 de junio.
Según un relevamiento de Diario Textual, de los 30 diputados, si se insiste con el pedido, solamente los 15 legisladores del peronismo levantarán sus manos. La iniciativa necesita mayoría especial, es decir, los dos tercios de los votos.
En ese escenario, si se busca evitar una paralización de la producción cuando PCR deba entregar el área, la alternativa sería recalibrar la estrategia y avanzar hacia una licitación exprés, con regalías más bajas y condiciones más favorables para atraer empresas.
Como publicó Diario Textual, el exgobernador Carlos Verna, a través de los seis diputados que le responden dentro del bloque peronista, impulsó que Pampetrol se haga cargo del área. El Gobierno provincial decidió seguir esa línea. En ese marco, el jueves ingresó el proyecto de ley y, pocas horas después, recibió un rotundo “no” de los bloques opositores.
En el Pro, el sector amarillo que había votado junto al oficialismo el último pliego con regalías móviles anticipó el rechazo. Los diputados Laura Trapaglia, Enrique Juan, Lucas Lazaric y Matías Traba afirmaron que no avalarán que el tema quede en manos de Pampetrol, ni siquiera de manera transitoria. “Este proyecto, lejos de resolver el vacío de ofertas, concentra decisiones en el gobierno de turno, debilita la transparencia y reemplaza la competencia por discrecionalidad y arbitrariedad”, expresaron.
Las legisladoras Celeste Rivas y Noelia Viara, dos de las que más fuerza hicieron para que se pidieron regalías en torno al 12 %, o incluso menos, también votarían en contra.
En Comunidad Organizada, los diputados Sandra Fonseca y Maximiliano Aliaga ya anticiparon su rechazo.
En la UCR, que en la última votación sobre El Medanito se dividió, ahora la posición aparece unificada: Hipólito Altolaguirre, Gisela Cuadrado, Romina Mota, María Valderrama Calvo, Julián Aguilar, Sergio Pregno y Javier Torroba dijeron a Diario Textual que no quieren que Pampetrol se haga cargo del área.
Incluso Torroba, que en la última votación acompañó al peronismo, fue categórico: “No califica para poder operar adecuadamente un área”, expresó, aunque aclaró que deberán evaluarlo.
El argumento de Ziliotto: “no hay tiempo”
En el mensaje que acompañó el proyecto, el gobernador Sergio Ziliotto sostuvo que “no existe tiempo suficiente para alternativas mejores” y advirtió que, si no se avanza, podría perderse la producción de crudo en el corto plazo.
También planteó que insistir con las condiciones actuales de la licitación —regalías elevadas, alta participación estatal y un bono de ingreso de 50 millones de dólares— podría derivar nuevamente en un proceso sin ofertas.
El proyecto incluye una reorganización estratégica de las áreas operadas por Pampetrol, con el objetivo de lograr un abordaje integral que maximice la eficiencia operativa, la competitividad y el interés económico de la Provincia.
Además, Casa de Gobierno busca autorizar a Pampetrol a incorporar a la operación de El Medanito otras áreas que ya opera: Medanito Sur, Salina Grande 1 y Rinconada Puesto Morales.
La iniciativa también autoriza a Pampetrol a contratar un operador u operadora para esas áreas mediante esquemas operativos transitorios, de carácter precario y revocable. A su vez, habilita a la empresa estatal a contraer préstamos destinados a capital de trabajo, por un monto equivalente a una facturación mensual del área.
El texto establece que no habrá exploración en esta etapa, sino inversiones mínimas para garantizar la operación de los pozos actuales, la continuidad de los puestos de trabajo y el cuidado del ambiente.
En los fundamentos, Ziliotto admitió que insistir con la Ley 3.620, que fijó las condiciones del proceso licitatorio, podría derivar nuevamente en una licitación desierta.
El mandatario sostuvo que la licitación se desarrolló en un contexto nacional marcado por una reconfiguración de la política energética, con un Estado nacional concentrado casi exclusivamente en el desarrollo de Vaca Muerta, y con ausencia de estímulos para la actividad convencional, especialmente en áreas maduras.
Ziliotto argumentó que la licitación ofreció al mercado un activo con alta participación estatal, regalías elevadas, bono de ingreso y compromisos de inversión intensivos, un esquema que -según planteó- quedó desalineado de las condiciones que hoy convalida el mercado.
Por último, afirmó que la opción planteada “no representa una solución de fondo”, sino una herramienta de coyuntura para garantizar continuidad operativa, empleo, integridad de instalaciones y protección ambiental, mientras se busca un régimen concesional definitivo.
