Desde el viernes por la tarde, cuando el Poder Ejecutivo formalizó la prórroga de las sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero, se activó una cadena constante de llamados y contactos reservados entre la Casa Rosada, el Congreso y los principales bloques parlamentarios. Durante los primeros días del fin de semana largo de Carnaval, hubo un flujo permanente de conversaciones telefónicas y chats entre funcionarios, legisladores y emisarios distribuidos en diferentes puntos del país. El objetivo fue único y explícito: encontrar una salida política al conflicto por las licencias médicas para evitar que la reforma laboral quede empantanada en la Cámara de Diputados.
La senadora Patricia Bullrich anunció una marcha atrás: anticipó que impulsarán modificaciones en la Cámara de Diputados para que los casos de mayor gravedad sigan cobrando la totalidad de sus haberes, en vez de un descuento del 75% al 50%, como se aprobó en Senadores. Explicó que la excepción de pago al 100% aplicará exclusivamente para “enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables”, siempre y cuando exista una “corroboración concreta y fehaciente” del cuadro médico.
La señal de alerta llegó apenas horas después de la media sanción en el Senado, publicó Infobae. Legisladores aliados comenzaron a expresar reservas sobre el impacto del artículo 44, algunos gobernadores solicitaron precisiones y referentes sindicales endurecieron su discurso público, incluso con la amenaza de una huelga general. Ante este escenario, el Gobierno desplegó un operativo de contención que involucró a los niveles más altos de su estructura política y se extendió durante todo el fin de semana largo.
Tanto la presidenta del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, como el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, estuvieron en contacto con la mesa política, que integran la secretaria General, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Economía, Luis Caputo; el estratega Santiago Caputo; y el ministro del Interior, Diego Santilli. La consigna fue lograr una salida consensuada antes de que la discusión ingresara formalmente en el plenario de comisiones, que está previsto para el miércoles al mediodía. La secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal, fue consultada sobre las alternativas posibles para enfrentar esta imprevista encrucijada: ceder para tener la ley o buscar una “diagonal”.
Las conversaciones incluyeron a radicales, dirigentes del PRO, referentes del peronismo dialoguista y legisladores vinculados a gobernadores del norte del país, muchos de ellos de origen peronista. En la mayoría de los casos se trató una primera aproximación para sondear posiciones, aunque también hubo intercambios más extensos sobre los alcances técnicos del artículo cuestionado. El clima general fue de cautela: nadie anticipó un rechazo frontal, pero tampoco hubo garantías cerradas.
El Gobierno sostiene que cuenta con los votos para aprobar la ley, aunque admite en privado que, sin una corrección al régimen de licencias, el proyecto podría sufrir modificaciones que lo obliguen a regresar al Senado y retrasen su sanción definitiva. La preocupación principal no es perder la votación, sino abrir un nuevo trámite legislativo que altere el calendario de las extraordinarias. “Está difícil en Diputados. No va a ser fácil que salga sin cambios. Va a haber que hamacarse”, resumió en diálogo con Infobae uno de los negociadores oficiales.
El artículo (el 44) reduce al 50% o al 75%, según el caso, la remuneración que el trabajador tiene derecho a percibir en casos de enfermedad o accidente, así como los plazos de la licencia.
Este cambio, de dudosa autoría, pasó bajo el radar durante el debate, pero ya formaba parte del texto que el oficialismo y aliados tenían en sus bancas. La controversia creció tras la aprobación del proyecto y terminó de estallar cuando el expediente ingresó a Diputados, en la tarde del viernes.
El artículo, que modifica el 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, dice lo siguiente: “En caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida dicha prestación, el trabajador tendrá derecho a percibir el 50% de su remuneración que perciba al momento de la interrupción de los servicios si la imposibilidad de trabajar fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador que implicara algún riesgo en la salud durante un período de tres meses si el trabajador no tuviera personas legalmente a su cargo, o de seis meses si las tuviera”.
“Si la imposibilidad de trabajar -agrega- no fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador sobre el riesgo en la salud, percibirá el 75% de tal remuneración, en cualquier caso, durante el mismo período de tiempo dispuesto en el párrafo precedente”.
Aunque los especialistas señalan que el cambio apunta a combatir el “microausentismo” por razones como una lesión jugando al fútbol o un resfrío, la modificación podía generar que, llevado a un caso extremo, una mujer con cáncer de mama e hijos a su cargo cobre el 75% de su salario básico.
