La docente y militante del Partido de los Trabajadores Socialistas, Claudia Lupardo, cuestionó la aprobación en el Congreso de la Nación del Régimen Penal Juvenil y la baja de imputabilidad de 16 a 14 años. “No hay pruebas claras de que castigar antes o más fuerte reduzca el delito juvenil”, expresó.
“Luego de ser docente en instituciones educativas durante 35 años me cabe esta reflexión ante la sanción de la ley de bajar la edad de punibilidad”, comenzó en su planteo la militante social y política.
Y agregó: “Debo decir que el debate se instala cada vez que un hecho delictivo aumenta la preocupación por la inseguridad. Sin embargo, este tema, no puede resolverse solo con medidas más duras, sino que necesita mirarse desde lo social, lo jurídico y lo educativo”.
“En primer lugar, uno de los puntos más importantes es que no hay pruebas claras de que castigar antes o más fuerte reduzca el delito juvenil. Distintos informes de organismos como UNICEF muestran que los adolescentes cometen un porcentaje relativamente bajo de los delitos graves y que, en muchos casos, esos hechos están relacionados con situaciones de pobreza, abandono o falta de oportunidades”, sostuvo Lupardo.
Y remarcó que desde el punto de vista legal, se debe tener en cuenta que existe un marco internacional que protege especialmente a niños, niñas y adolescentes: “La Convención sobre los Derechos del Niño, que tiene jerarquía constitucional en Argentina, establece que los jóvenes están en etapa de desarrollo y que el Estado debe priorizar medidas educativas y de reintegración antes que el castigo. En la misma línea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la prisión debe ser el último recurso y aplicarse solo cuando no haya otra alternativa”.
“Otro argumento importante es que bajar la edad de punibilidad no ataca las causas reales del problema. Muchas veces los adolescentes que delinquen vienen de contextos de vulnerabilidad social, con trayectorias marcadas por la exclusión. En esos casos, el sistema penal aparece cuando ya fallaron otras políticas públicas, como la educación, la contención familiar o las oportunidades laborales”, añadió.
Y concluyó: “Además, existe el riesgo de que estas medidas terminen estigmatizando aún más a los jóvenes, sobre todo a los de sectores populares. La experiencia demuestra que cuando un adolescente entra muy temprano al sistema penal, en lugar de reinsertarse puede quedar más expuesto a repetir conductas delictivas. Lamentablemente el Congreso, por mayoría ya aprobó esta reforma, también nefasta para NNA (Niños, Niñas, Adolescentes) cuando, en realidad, lo que debería hacerse es orientarse más a la prevención y a la inclusión más que al aumento del castigo”.
Pampeanos en el Congreso
Los votos de los pampeanos en el Senado, a favor, fueron de Daniel Kroneberger (UCR) y Victoria Huala (Pro) y en contra el senador, Daniel Pablo Bensusán (UxP). Mientras que en Diputados, los votos a favor fueron de Martín Ardohain (Pro) y Adrián Ravier (La Libertad Avanza), mientras que en contra fueron los de Varinia Lis Marin; Ariel Rauschenberger y Abelardo Ferrán (Unión por la Patria – La Pampa).
La norma aprobada deroga las leyes 22.278 y 22.803, que rigen desde 1980 y establece un nuevo esquema de responsabilidad penal para adolescentes de entre 14 y 18 años, con límites específicos para la prisión, un máximo de 15 años de condena y la prohibición de aplicar perpetua.
La ley aprobada propone bajar la edad de imputabilidad a 14. Incluye propuestas presentadas por el massismo (Ramiro Gutiérrez), el PRO (Cristian Ritondo y Diego Santilli), LLA (Gerardo Huesen), la Coalición Cívica (Juan Manuel López) y Democracia para Siempre (Carla Carrizo), entre otros.
