El rector de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Oscar Alpa, advirtió a Radio Textual que el sistema universitario público se encamina a un año de fuerte conflicto en 2026, debido a la falta de cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, la ausencia de paritarias y la caída del poder adquisitivo de docentes y no docentes.
“El segundo cuatrimestre del año pasado ya anticipábamos que iba a ser conflictivo”, dijo Alpa. Según explicó, el Congreso aprobó la Ley de Financiamiento Universitario con más de dos tercios en ambas cámaras luego del veto presidencial, pero el Poder Ejecutivo decidió no aplicarla.
“Es algo inconcebible constitucionalmente que alguien no quiera cumplir una ley. El Poder Ejecutivo dijo directamente que no la iba a aplicar y la suspendió, como si tuviera poder para hacerlo”, señaló.
Ante esa situación, el CIN y 49 universidades nacionales presentaron una demanda judicial para exigir la implementación de la ley. El 23 de diciembre obtuvieron un primer fallo favorable que consideró inconstitucional frenar una ley mediante un decreto.
Sin embargo, el Gobierno apeló la decisión, por lo que el expediente ahora se encuentra en una instancia superior. Además, según explicó el rector, el Estado nacional incluso llegó a recusar al juez del caso por ser docente universitario, un planteo que fue rechazado.
“Todos los jueces pueden ser docentes porque es una actividad permitida. La Cámara desestimó esa recusación”, indicó.
Salarios deteriorados y sin negociación
Alpa describió un escenario crítico en materia salarial dentro del sistema universitario. Aseguró que los docentes y no docentes acumulan una pérdida cercana al 40% del poder adquisitivo y que el Gobierno no convocó a nuevas paritarias.
“No hay perspectiva, no hay un planteo. No hay una paritaria donde se sienten y propongan algo”, afirmó.
Además, cuestionó un borrador de proyecto oficial sobre financiamiento universitario que, según explicó, mantendría formalmente la ley vigente pero sin recursos reales para aplicarla.
“Es dejar la ley vacía. Donde dice 40% ponen cero. Es lo mismo que derogarla”, sostuvo.
Posible marcha federal
En este contexto, los gremios docentes y no docentes evalúan medidas de fuerza y acciones de visibilización. Una de las posibilidades es convocar a una nueva marcha federal universitaria alrededor del 23 de abril, fecha en que se realizó la primera gran movilización en defensa de la universidad pública en 2024.
La iniciativa es analizada por las federaciones sindicales del sector, entre ellas CONADU, CONADU Histórica, FEDUN y la federación no docente FATUN.
“El sistema universitario está angustiado porque no hay perspectiva”, afirmó Alpa.
“Un actor incómodo para el Gobierno”
El rector también vinculó el conflicto con la política general de ajuste del Gobierno nacional. Según dijo, la administración busca reducir en un 30% el tamaño del Estado y eso impacta en las universidades.
“Como no se puede reducir la planta docente por la autonomía universitaria, se baja el salario. El resultado es el mismo: un sistema cada vez más empobrecido”, expresó.
Alpa consideró que el sistema universitario se convirtió en un actor incómodo para el oficialismo después de las masivas movilizaciones de los últimos años.
“Para ellos somos la oposición que quiso voltear al gobierno. Pero lo único que queremos es que funcione la universidad pública”, concluyó.