La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) rechazó los cambios implementados por el Gobierno nacional en el programa de vacunación contra la Fiebre Aftosa, que establecen la posibilidad de que los productores elijan libremente a los veterinarios encargados de aplicar las dosis a partir del próximo año.
El viernes pasado, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) publicó una resolución que actualiza el régimen de participación del ejercicio profesional en las campañas sanitarias contra la fiebre aftosa y la Brucelosis Bovina. La norma autoriza la prestación individual de estos servicios desde el 1 de enero de 2027. En la práctica, la medida desregula la elección del veterinario para vacunar los rodeos, una tarea que hasta ahora coordinaban las fundaciones sanitarias.
Para Carbap, la decisión atenta contra el programa de vacunación, ya que -según sostuvo- la iniciativa no cuenta con una “justificación técnica que lo avale” y se tomó “de manera absolutamente inconsulta, sin evidencias económicas que lo respalden y en forma absolutamente inoportuna”.
“Esta decisión desconoce además el principio de solidaridad entre productores, una de las columnas centrales del programa, ya que todos hemos acordado pagar el mismo valor por dosis aplicada dentro de cada fundación, independientemente del tamaño de nuestros rodeos”, manifestó la entidad.
Críticas a la falta de debate técnico
La organización rural remarcó que “no existe justificación técnica para una modificación de esta magnitud” y afirmó que “el modelo que se intenta implementar ya fracasó en el pasado”. Según planteó, esa experiencia derivó en la creación del sistema actual basado en fundaciones y entes sanitarios, que permitió cumplir los objetivos del programa “de manera ordenada, auditable y sostenible”.
También cuestionó que no haya existido una discusión técnica previa en ámbitos institucionales como la Comisión Nacional de Lucha contra la Fiebre Aftosa (Conalfa) o la Comisión Provincial de Sanidad Animal (Coprosa), ni que se haya consultado a los productores.
Carbap señaló además que “tampoco existe una justificación económica clara para el cambio propuesto” y consideró que la medida resulta inoportuna. “Modificar de manera intempestiva el principal programa sanitario de nuestras carnes bovinas, sin los consensos necesarios y considerando nuestros antecedentes, en una región donde países vecinos avanzan hacia el estatus de libres de aftosa sin vacunación, puede generar un problema adicional o incluso una nueva barrera comercial innecesaria”, argumentó.
Dudas sobre la implementación
La entidad rural también advirtió que la resolución no aclara aspectos centrales para la ejecución del programa sanitario.
Según resaltó, no se establece quién será responsable de garantizar que la vacunación se realice en tiempo y forma, quién controlará su cumplimiento ni quién asegurará la cobertura en los establecimientos de menor escala.
“Esto ya nos sucedió”
En ese sentido, Carbap explicó que la estructura actual fue diseñada precisamente para resolver ese desafío. De acuerdo con los registros productivos citados por la entidad, el 17 % de los establecimientos posee menos de 20 bovinos y el 34 % entre 20 y 100, lo que implica que más de la mitad de los productores cuenta con rodeos pequeños, generalmente dispersos y con mayores costos operativos para su atención.
“¿Quién garantizará que estos productores efectivamente vacunen sus rodeos?”, preguntó la entidad rural.
“Es razonable suponer que los operadores privados tenderán a concentrarse en los establecimientos más grandes y cercanos, dejando a los productores pequeños o más alejados en una situación de mayor vulnerabilidad sanitaria. El sistema actual de entes y fundaciones fue concebido precisamente para evitar ese problema, asegurando cobertura territorial, equidad entre productores y el cumplimiento efectivo del programa sanitario”, concluyó Carbap en el documento.