En una nueva sesión ordinaria de la Legislatura provincial, encabezada por la presidenta de la Cámara, Alicia Mayoral, se destinó la parte inicial a conmemorar los 50 años del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
El diputado provincial Daniel Lovera (FreJuPa) expresó la necesidad de sostener una reflexión colectiva en torno a uno de los episodios más dolorosos de la historia argentina y reafirmar el compromiso con los valores democráticos. “Dentro de pocos días se cumplen 50 años de uno de los sucesos más tristes que nos sucedió como República, y el momento nos exige, creo, a todos reflexionar sobre el golpe militar que nos quitó la democracia y nos sumió en una larga noche que duró siete años, en el que vimos cercenados nuestros derechos y borrada en sí la democracia”, expresó el jefe del bloque de legisladores oficialistas.
Y remarcó el valor de la memoria como herramienta activa: “Cada palabra que pronunciamos y cada acción que impulsamos contribuyen a preservar la memoria histórica de nuestra provincia y de la Nación, y a reafirmar con firmeza los valores democráticos que nos unen tanto como pampeanos como argentinos”.
El legislador también hizo referencia al impacto del terrorismo de Estado: “El Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 marcó uno de los períodos más oscuros de la historia argentina, con la interrupción del orden constitucional y un régimen de persecución, detenciones ilegales y vulneraciones de derechos fundamentales que generaron profundas heridas en la sociedad”.
“A 50 años de aquel quiebre institucional, recordar lo ocurrido no implica quedarnos anclados en el pasado, sino reafirmar una convicción democrática: que nunca más la violencia o la imposición puedan reemplazar al debate libre y a las instituciones que la Constitución establece”, añadió Lovera.
También destacó el rol de la provincia en la recuperación democrática: “A los pocos días de haber recuperado la democracia en 1983, el entonces gobernador Rubén Hugo Marín firmó el decreto 99/1983 con el objetivo de investigar y esclarecer las vulneraciones de derechos cometidas durante la dictadura, dando una señal clara de compromiso con la verdad y la institucionalidad”.
Hipólito Altolaguirre, en representación del bloque de la Unión Cívica Radical, sostuvo: “A 50 años del inicio de la etapa más oscura de nuestra historia, este cuerpo no solo recuerda una fecha, sino que reafirma un compromiso innegociable con la vida y la libertad”, y remarcó que el 24 de marzo de 1976 no fue un hecho aislado, “sino el inicio de un plan sistemático de terrorismo de Estado, que sembró el dolor a través de la desaparición forzosa de personas, la tortura, los centros clandestinos de detención y el robo de bebés”.
El legislador reivindicó la figura del expresidente Raúl Alfonsín: “Tuvo la valentía política y la altura ética de juzgar al horror con la ley en la mano y las garantías constitucionales para quienes eran juzgados, cuando todavía crujían en nuestra sociedad las armas y el miedo dominaba las calles”.
Altolaguirre destacó el compromiso de referentes locales y mencionó especialmente a Antonio “Pacheco” Berongaray: “En los tiempos de silencio obligado no miró para otro lado. Fue un faro en la defensa de los derechos humanos en La Pampa, poniendo su estudio, su cuerpo y su capacidad jurídica al servicio de los perseguidos y sus familias”.
Por último, el diputado advirtió sobre los riesgos de relativizar el pasado y llamó a sostener los consensos democráticos: “Hoy, ante los intentos de relativizar el pasado o de erosionar los consensos democráticos, decimos con la misma fuerza de hace cinco décadas: democracia para siempre, dictadura nunca más”.
Sandra Fonseca (Comunidad Organizada) expuso una posición crítica respecto de los discursos en torno a la memoria y planteó la necesidad de sostener “coherencia” entre las expresiones institucionales y las “prácticas” políticas actuales.
“Es una fecha importante para poder reflexionar en esta Casa de la Democracia, en vísperas de este 24 de marzo. Se van a realizar distintas expresiones en varias localidades; muchas hablarán de repudio, a mí me gusta hablar de rechazo, con mayor adecuación a los hechos acontecidos”, dijo.
Y advirtió sobre la persistencia de conductas que, a su entender, contradicen los posicionamientos públicos: “Si después del 24 de marzo de 1976, transcurridas varias décadas, hay personas en puestos de poder que dan discursos pero participaron abierta o encubiertamente de conductas golpistas o de alterar la voluntad popular a través del voto, significa entonces que nos quedamos en el discurso del repudio o del rechazo, pero siguen esas conductas y esos comportamientos institucionales”.
Fonseca hizo referencia a antecedentes judiciales relevantes: “La sentencia del Tribunal Oral Federal de La Pampa sobre el juicio Subzona 14, reiteró que lo ocurrido a partir del 24 de marzo de 1976 fue una dictadura cívico-militar, eclesiástica y comunicacional, en cuyo contexto se juzgaron delitos de lesa humanidad”.
Asimismo, cuestionó construcciones discursivas que, según indicó, buscaron “minimizar” lo ocurrido en la provincia: “Se instaló durante años la idea de que La Pampa había sido una ‘isla feliz’, para dar a entender que la dictadura no existió o que fue mínima, negando o relativizando sus efectos. Hubo una maquinación tendiente a sostener que nada había pasado”.
En ese marco, la legisladora adjudicó responsabilidades y cuestionó conductas de la empresa La Arena Sociedad Anónima y de funcionarios de gobiernos democráticos que también lo fueron de la dictadura. “Si nos quedamos en el discurso de repudio del 24 de marzo y no establecemos hechos que le den coherencia a través del tiempo, es un ejercicio de total hipocresía”, aseguró.