El diputado provincial, Hernán Pérez Araujo (FreJuPa), presentó una acción de amparo ante lo que consideró como una “grave restricción” al derecho de participación ciudadana en el tratamiento de la modificación a la ley de Glaciares, ante la modalidad de participación en la audiencia pública (presencial y virtual en dos días) y que calificó como “irresponsable, irrisoria, azarosa, egoísta y desinteresada”.
“Entiendo que esta medida implica un mal uso de las facultades y limita la intervención de los pampeanos y pampeanas en una problemática de suma importancia para nuestra provincia, que es pionera en el reclamo y la defensa de sus recursos hídricos”, expresó el legislador pampeano.
Más de 70.000 personas se inscribieron para participar de la audiencia pública convocada en la Cámara de Diputados para debatir la modificación de la ley de Glaciares, en un proceso que no registra antecedentes por su nivel de participación. El plazo de inscripción se mantiene abierto hasta este viernes 20 de marzo.
Pérez Araujo recordó que las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Nación han establecido audiencias públicas con participación presencial el miércoles 25 de marzo y virtual el jueves 26, limitando la intervención a los primeros inscriptos de cada jurisdicción. “Considero que este criterio, basado únicamente en el orden cronológico, excluye a actores sociales de gran relevancia como expertos en materia ambiental, docentes, estudiantes y científicos”, opinó Pérez Araujo.
Y añadió: “Entiendo que esta decisión no solo desoye a los argentinos y argentinas, sino que además desconoce principios fundamentales de nuestra Constitución Nacional en materia de protección ambiental y participación ciudadana. Estamos hablando de un bien colectivo de jerarquía constitucional y supranacional, cuya pérdida, destrucción o degradación resulta irreparable”.
Modalidad
Las autoridades de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados definieron formalmente los criterios de participación que regirán el proceso. La decisión fue comunicada mediante una carta enviada a los miembros de ambas comisiones, en la que se fundamenta la adopción de un esquema mixto —presencial, virtual y mediante presentaciones escritas o en video— frente a la magnitud inédita de inscriptos.
En la nota, los presidentes de ambas comisiones, José Peluc y Nicolás Mayoraz, señalan que la modalidad se establece en uso de las facultades previstas en el artículo 114 bis del Reglamento de la Cámara de Diputados y en el marco del plan de trabajo aprobado el pasado 4 de marzo.
El esquema será aplicado durante las audiencias públicas convocadas para los días 25 y 26 de marzo, en el tratamiento del proyecto de ley venido en revisión que propone modificar el régimen de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial.
Las autoridades justifican la decisión en la cantidad de personas inscriptas a solo siete días de haberse habilitado el registro de participación y en la necesidad de asegurar la razonabilidad y operatividad del mecanismo participativo.
Se resolvió que quienes se encuentren inscriptos hasta el viernes 20 de marzo a las 20 horas podrán enviar sus ponencias por escrito y/o adjuntar un video de hasta cinco minutos de duración, que deberá ser publicado en la sección “Comunidad” del canal oficial de YouTube de la Cámara de Diputados. Ese material quedará registrado de manera permanente como antecedente del debate legislativo.
Se dispuso que las exposiciones presenciales del miércoles 25 de marzo y las intervenciones virtuales del jueves 26 estarán reservadas para quienes se encuentren entre los primeros inscriptos de cada jurisdicción. El criterio apunta a garantizar la participación de representantes de las 24 provincias, asegurando un enfoque federal en el desarrollo de la audiencia.
Cambios
El proyecto en debate propone modificar la Ley 26.639, sancionada en 2010, que establece los presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial.
La norma vigente protege estos ecosistemas al considerarlos reservas estratégicas de agua dulce y prohíbe actividades que puedan afectar su estado natural.
La modificación impulsada en el Congreso busca priorizar actividades productivas como la minería y la explotación hidrocarburífera en provincias como Mendoza, San Juan, Catamarca, Jujuy y Salta, además de facilitar el desarrollo de proyectos mineros internacionales.
Para ello, el proyecto plantea habilitar la explotación de recursos naturales en glaciares que no sean considerados hídricamente relevantes o que no cumplan una función hídrica.